El Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, presentó una propuesta de “Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa”, que busca fortalecer los mecanismos de protección de los comunicadores a partir de las mejores prácticas internacionales, así como garantizar su seguridad en cada rincón del país. 

Luego de condenar el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ocurrido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Osorio Chong afirmó que hechos como este demuestran la pertinencia de una ley para la protección a periodistas y personas trabajadoras de la prensa, ya que es el reflejo de una realidad que golpea a todo el mundo y en particular a América Latina. 

“Hoy nuestra región es la más peligrosa del mundo para ejercer el oficio de informar, y México, lamentablemente encabeza esa lista”, dijo. 

El senador refirió que de acuerdo con la organización Artículo 19, desde el 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en nuestro país. “Decir que es un problema que surgió en este gobierno sería mentir, pero negar que se ha agravado en los últimos años sería también irresponsable.” 

Miguel Ángel Osorio reveló que desde el 2019, la Secretaría de Gobernación ha registrado 55 homicidios y, en lo que va del año, 12 periodistas han sido asesinados. 

Cada amenaza y agresión, añadió el legislador, “cada hecho de censura e intimidación, y cada homicidio en contra de un comunicador, es un atentado en contra de todo el país, porque la libertad de expresión, de prensa y del periodismo son piedra angular de un Estado de derecho y clave para la construcción de sociedades más abiertas.” 

De la Ley Modelo, destacó cinco puntos: El enfoque preventivo, en el que el Estado está obligado a identificar contextos y situaciones de riesgo y establecer mecanismos de alerta temprana, así como evitar discursos públicos que favorezcan la violencia. 

“No se puede, por un lado, ofrecer protección y, por el otro, descalificar e intimidar a periodistas, la prensa no está para someterse al poder, sino para cuestionarlo, la prensa está para servir a la ciudadanía y buscar siempre la verdad”, comentó. 

Otro de los puntos que destacó es el que tiene que ver con las medidas de seguridad para los periodistas, las cuales deben facilitar y no impedir el ejercicio periodístico, “porque protección no significa censura”.  

Un tercer punto, agregó, es que con la ley se identifican nuevas formas de agresiones que deben ser tomadas con igual seriedad, “me refiero por ejemplo al acoso e intimidación digital que cada vez son más comunes”; la no prescripción de los delitos y la investigación de todo ataque o acto de violencia derivado de su trabajo. 

También destacó el enfoque de género, “donde las autoridades están obligadas a identificar, prevenir, sancionar y visibilizar los delitos contra las periodistas, tomando en cuenta las violencias estructurales que sufren las mujeres”. 

Por todo ello, abundó, en el Instituto Belisario Domínguez “hacemos nuestra esta ley y dejamos el compromiso de difundirla y hacerla llegar a todos las y los senadores, incluso a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos”. 

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reveló que esta dependencia tiene una investigación que identifica que desde el 2006 a la fecha, se cometieron 256 asesinatos, de los cuales 101 ocurrieron entre 2006 y 2012.  

Del 2012 al 2018, agregó, se tienen registrados 96, y en el transcurso de este gobierno, se cometieron 59 asesinatos, incluyendo el recientemente ocurrido en Tamaulipas. 

Reconoció que es un momento complejo para el país “y lo ha sido para el Estado mexicano desde hace más de 16 años”. 

No obstante, destacó que ya existen 17 leyes estatales para la protección de periodistas y han sido creadas 11 áreas de protección, “pero lo que es una realidad es que esto no es suficiente y es así, con este debate, como tenemos que reflexionar sobre las modificaciones operativas, pero también legislativas que tenemos qué hacer para reforzar una política de Estado”. 

Comentó que en esta investigación se señala que a partir de la vigencia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas se han cometido más de 160 asesinatos, de los cuales se tiene identificado que ocho fueron en contra de personas que estaban integradas en el mecanismo de protección federal. 

Irazoque Palazuelos reveló que, con base en un análisis realizado por la dependencia, el 60 por ciento de la problemática de agresión de riesgos y amenazas para periodistas se concentran en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Sonora; “es ahí donde tenemos que generar una política nacional, pero también prioritaria para ver cuáles son las necesidades en esos contextos”. 

Destacó la labor del Instituto Belisario Domínguez y consideró que es un momento crucial para poder discutir y reflexionar sobre la protección de las y los periodistas. 

Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO, en México subrayó que los temas principales que han generado las violencias, tienen que ver con la corrupción y la impunidad, lo cual ha tenido impacto en el trabajo de la prensa propiciando la censura en áreas donde operan grupos criminales. 

“Saludamos que se esté debatiendo en el Senado mexicano, es importante y necesario para el país y que se utilice para el debate de la Ley Modelo, apoyada por la UNESCO. 

Ricardo Rivas, vicepresidente de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y El Caribe, Argentina, agradeció a México este análisis porque “hay que tener coraje para propiciar un debate como este. México está en el ojo de la tormenta”. 

En la figura de Antonio de la Cruz, que fue la última víctima en Tamaulipas, añadió, “quiero hacer un homenaje a 12 colegas hombres y mujeres asesinadas, pero quiero ir en contra, no pido un minuto de silencio, quiero que hagamos ruido para visibilizar la inseguridad que viven los periodistas”, pidió. 

Para Mauricio Weibel Barahona, director de la Escuela Latinoamericana de Periodismo de Chile, la disponibilidad de tener estos diálogos es valiosa, “no es realmente algo que se pueda hacer todos los días, ni en la propia Europa se puede hacer en todos sus territorios”. 

La violencia, consideró, “no es un problema de periodistas, es un problema de la democracia, de la libertad expresión, es el derecho humano más importante después de la vida, porque es a través de la libertad de expresión como todos podemos exigir los demás derechos”.