En el apartado de Agenda Política de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores hicieron uso de la tribuna para pronunciarse en torno a la situación política del país, la Refinería de Dos Bocas, recaudación fiscal, la seguridad pública y la intromisión de los órganos electorales. 

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Gerardo Fernández Noroña criticó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, al señalar que “vende sus determinaciones y ahora nos quiere plantear que porque es una elección de los integrantes de la Permanente, puede intervenir en asuntos internos del Poder Legislativo”. 

Al mencionar aspectos de la actual situación económica del país, así como el clima de inseguridad y violencia que se vive, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) llamó al gobierno federal a asumir la responsabilidad y dar el primer paso para resolver esta problemática que afecta todos los días a las familias mexicanas. 

En tanto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) consideró que la justicia en el país, así como el reconocimiento de lo que se hace bien y mal, es selectiva, por lo que hizo voto para que la justicia haga su trabajo, pues “digamos lo que digamos está en marcha una venganza política como no habíamos visto”.
“Nuestro país se está hundiendo rápidamente en una crisis de inseguridad que se ha esparcido a lo largo y ancho de nuestro territorio”, lamentó la senadora Nancy De la Sierra Arámburo (Grupo Plural), quien llamó a la paz y la reconciliación entre ciudadanas, ciudadanos e instituciones.

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En una segunda ronda, el senador Rafael Espino de la Peña (Morena) afirmó que si no existiera la refinería de Dos Bocas, Pemex se encontraría casi en ruinas con sus otras seis refinerías que se encuentran en total abandono y con la extracción del petróleo en continúo descenso. 

Asimismo, la senadora Kenia López Rabadán (PAN) aseguró que “México vive un problema real por este gobierno ineficiente y corrupto: la inseguridad”, por lo que demandó implementar acciones para proteger la seguridad y la vida de las millones de personas que viajan en el Metro, ante los incidentes de los últimos años. 

En su oportunidad, el diputado Mariano González Aguirre (PRI) reprobó que la gobernadora Layda Sansores “utilice la fuerza pública de las instituciones encargadas de administrar justicia para realizar un montaje mediático y una persecución política violando los derechos fundamentales de nuestro presidente nacional”. 

Fuente: Canal del Congreso