La diputada federal priista Paloma Sánchez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para exhortar a los gobiernos del estado de Sinaloa y del municipio de Mazatlán a realizar acciones urgentes encaminadas a resolver el problema de las desapariciones, mediante el fortalecimiento de la participación operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda y la instrumentación de medidas preventivas que respondan a las exigencias de los colectivos y familiares de las víctimas.

La diputada expuso que en Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, permanecen desaparecidas 5 mil 531 personas y que el estado es el segundo con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas en toda la historia de México, con 1,750.

En tanto, informó la diputada Paloma Sánchez, en Mazatlán se tiene un registro histórico de 1,202 personas desaparecidas, lo que hace del municipio el destino turístico con más desapariciones en todo el país. Asimismo, agregó que la crisis es evidente, pues sólo en los últimos cuatro años han desaparecido 550 personas en la ciudad.

Frente a esa situación, argumentó la legisladora federal del PRI, Sinaloa todavía no cuenta con un plan integral de búsqueda e identificación ni un trabajo coordinado entre las instancias que deben garantizar los derechos de las víctimas.

Expresó su preocupación debido a que las cifras sobre personas desaparecidas no están siendo tomadas con la seriedad que exige la situación, tanto por el municipio de Mazatlán, como por el gobierno de Sinaloa, ya que a los ciudadanos se les dice que hay paz, mientras más de 20 colectivos de familiares en el estado han tenido que organizarse para llevar a cabo la tarea que el gobierno no ha podido cumplir, con mínimo respaldo de la Comisión Local de Búsqueda y la propia Fiscalía General del Estado.

Por ello, la diputada Paloma Sánchez advirtió que “resulta fundamental para el municipio de Mazatlán, así como para el estado de Sinaloa, reconocer la gravedad del problema, a fin de coordinar acciones, en carácter de urgente, para que los apoyos operativos puedan ser facilitados por la Comisión Local de Búsqueda, se implementen los protocolos con mayor transparencia para los familiares de las víctimas y se despliegue un plan estatal de búsqueda e identificación, con la participación de los colectivos, para dar certeza de que las víctimas no serán olvidadas”.