Las Comisiones Unidas de Educación y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la LXV Legislatura aprobó por unanimidad una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia escolar, suscrita por los diputados federales Ana Lilia Herrera Anzaldo e Ismael Hernández Deras.

La propuesta de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) plantea que las autoridades educativas emitan los lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios, así como que formulen y desarrollen estrategias para la detección, prevención, atención y seguimiento de cualquier expresión de violencia o maltrato escolar en contra de los educandos.

La diputada y el diputado iniciantes reconocen en el documento que hoy en día persiste un grave problema en el entorno escolar, de carácter multifactorial, que promueve la humillación, descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando así el aprendizaje, crecimiento y pleno desarrollo de las alumnas y los alumnos.

Los legisladores priistas fundamentan su iniciativa que reforma al último párrafo del artículo 74 y la fracción II del artículo 128 y la adición a la fracción XXIII al artículo 115 de la Ley General de Educación, al señalar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas.

Además, advierten que, conforme a los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2015, el 20 por ciento de los estudiantes en nuestro país sufren de algún tipo de violencia por parte de sus compañeros, situación que también se refleja en los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil del Instituto Nacional Electoral (INE) de 2019, en la que el 53.4 por ciento del grupo de entre diez y diecisiete años dijo enfrentar violencia en la escuela.

En ese contexto, las comisiones unidas coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco jurídico relacionado con prevenir, detectar y erradicar la violencia escolar y atender de manera oportuna a quienes son afectados por la misma.