La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis “N”, exdirector general Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez en el período comprendido entre 2009 y 2016.

Las autoridades lo acusan de enriquecimiento ilícito y de pertenecer al denominado Cártel Inmobiliario en aquella demarcación, cuando los titulares de la misma eran los panistas Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012) y Jorge Romero Herrera (2012-2018).

“Como resultado de investigaciones exhaustivas, existen indicios de que Luis “N”, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la Ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses. Luis “N”, presumiblemente realizó acciones a expensas de los habitantes de la Ciudad de México que redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido político en el que milita”, señaló Ulises Lara en conferencia de prensa.

El vocero de la Fiscalía detalló que el imputado pudo haber obedecido a presiones de empresas constructoras para realizar desalojos de forma violenta y sin diálogo previo, con el argumento de un supuesto reordenamiento de comerciantes ambulantes.

Sostuvo que incluso Luis “N”, ha sido investigado por el Partido Acción Nacional (PAN), por una supuesta extorsión a empresarios a quienes -en 2015- presuntamente le solicitó dinero a cambio de permitir la realización de una carrera deportiva en la alcaldía Benito Juárez.

“De acuerdo con investigaciones, Luis “N” es copropietario de un inmueble cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos. La mitad de dicho inmueble le fue vendida en 2014 en 1.4 millones de pesos, cantidad mucho menor a su costo real”, añadió.

Lara López mencionó que derivado de las indagatorias, se obtuvieron 39 órdenes de cateo para el mismo número de inmuebles relacionados con el “Cartel Inmobiliario de Benito Juárez”.

Hasta este momento, dijo, se han ejecutado 21, y 10 de esos inmuebles ya se encuentran debidamente resguardados por el Ministerio Público.

“Es de señalarse que varios de los domicilios inspeccionados cuentan con arrendatarios, quienes quedaron como resguardantes del bien inmueble que habitan, para que una vez que concluya su contrato, sea asegurado por la autoridad ministerial. Es importante mencionar que uno de los inmuebles inspeccionados, es rentado por un ex alcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México”, detalló.

Finalmente comentó que se indaga a varios exservidores públicos de Benito Juárez y conforme lo permitan las investigaciones comentó, se darán a conocer sus identidades.

Con información de Excélsior