El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó -por unanimidad- que la autoridad electoral nacional emita la convocatoria e instrumente las acciones necesarias para la organización del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el sistema de los Organismos Públicos Locales (OPL).

En sesión extraordinaria el presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, Ciro Murayama Rendón, expuso que el 58% de los OPL solicitaron ampliación presupuestal y sólo el 28% obtuvo alguna respuesta afirmativa.

“Tenemos el riesgo de que esta afectación presupuestal ponga en peligro la vida de los OPL y con ello los derechos político-electorales de la ciudadanía en las entidades”, precisó.

Por ello, informó, el INE se hará cargo del concurso público y conseguir que las 164 vacantes de las 755 plazas con que cuenta el Servicio, en los 32 OPL, es decir, una vacancia de más de una quinta parte, que pueda ser cubierto antes de que inicien los procesos electorales 2023-2024, donde habrá 32 elecciones concurrentes con el Proceso Electoral Federal, en el que se van a elegir nueve gubernaturas, 31 congresos y 1,803 ayuntamientos.

“Para que la ciudadanía de todo el país pueda renovar a sus representantes y gobernantes locales es indispensable que esté completo el Servicio Profesional Electoral en los 32 OPL”, estableció Murayama.

Con esta propuesta, -precisó- “digamos que el INE mete el hombro para ayudar a los OPL, pero de ninguna manera los sustituimos. De hecho, es una medida para garantizar que puedan funcionar como mandata la ley con su propio Servicio Profesional Electoral y cumplan con las facultades que les corresponden”.

Alertan “parálisis operativa” del OPL de Colima por restricción presupuestal

En otro punto del orden del día, al conocer el Informe sobre la situación presupuestal del Organismo Público Local de Colima, en relación con el ejercicio 2022, que da cuenta de una asfixia presupuestalque pone en riesgo derechos laborales y políticos, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova hizo un enérgico llamado a los responsables de generar los recursos a que cumplan con su responsabilidad.

Determinar y asignar los presupuestos no es una prerrogativa del poder, es una responsabilidad que desde el poder debe estar ceñida a la vigencia de la Constitución”, aseveró.

El informe, dijo, revela que la Constitución y el orden democrático que la misma establece y los derechos que reconoce en Colima están entredicho por una cuestión de asignaciones presupuestales.

Lorenzo Córdova lamentó “lo que parece es parte de una lógica y de una estrategia de acoso a los órganos electorales, además de una consecuencia y parte de un fenómeno de asedio al orden democrático, no es un fenómeno que sólo se presenta en el estado de Colima o en nuestro país, sino que está ocurriendo a nivel global”.

El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, recordó que el OPL de Colima sufrió el mayor recorte del orden del 65% y la solicitud de ampliación presupuestal no ha sido atendida.

Lo anterior coloca al Instituto local “en una posición vulnerable y crítica para atender diversas actividades y en un riesgo inminente de socavar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y de derechos fundamentales como es el pago de los salarios del personal de la institución”.

El OPL de Colima enfrenta una “parálisis operativa”, aseveró el Secretario Ejecutivo, que podría llevarlo a la desatención de asuntos sustantivos relacionados con la vida democrática de la entidad, como son la constitución de nuevos partidos políticos locales; el apoyo para celebración interna de organización sindical y capacitación.

Atentado contra el desarrollo democrático

Enseguida, la Consejera Dania Ravel Cuevas agregó que la situación económica que vive el Instituto local ha afectado no solo las actividades institucionales, sino al salario que debe recibir cada persona trabajadora por las labores realizadas y los derechos de la ciudadanía del estado.

“Lo que está sucediendo en Colima es un atentado contra el desarrollo democrático y también contra los derechos laborales de quienes ejercen la función electoral, impactando directamente en su salario, el cual, en la mayoría de las ocasiones, sirve para el día a día de las personas”, estableció al llamar a no permitir que prosperen estrategias presupuestales tan arbitrarias y dañinas.

Se trasgrede la separación de poderes

Para el Consejero Jaime Rivera Velázquez, esta conducta trasgrede la separación de poderes y, por lo tanto, el orden constitucional ya que no sólo se recortó muy severamente el presupuesto solicitado por el Instituto Electoral de Colima, sino que el Ejecutivo, “sin ninguna base constitucional ni legal, ha suspendido la entrega de recursos aprobadas por el Congreso”.

Además, es ominoso para el orden constitucional “porque ignorar o incumplir sencillamente lo que el propio Congreso del Estado aprobó, es algo cuya gravedad no se puede soslayar”.

Responsable de la asfixia económica, el Poder Judicial

“El sistema de precariedad económica que hoy sirve para debilitar a los órganos electorales, se ha consolidado gracias a que el Poder Judicial ha eludido su responsabilidad de imponer el orden legal” y ellos serán los responsables de las gravísimas consecuencias que esto pueda alcanzar en el futuro inmediato, fustigó el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona.

No nos confundamos, dijo al pleno, “no juguemos a las cortesías políticas, remediar la situación de asfixia económica, el embate político que por la vía presupuestal se hace al Sistema Nacional Electoral, no tiene hoy más responsables que los integrantes del Poder Judicial, tanto los integrantes de los poderes judiciales de los estados como los integrantes del Poder Judicial de la Federación”, aseguró.

Ignorar la Constitución es violar la ley

“El problema grave es la violación a la ley, es ignorar la Constitución, es creer que los recursos públicos del estado de Colima se pueden usar de manera patrimonial desde el Ejecutivo local”, recordó el Consejero Ciro Murayama.

Abundó que retener recursos aprobados por el Congreso de Colima, es una violación a la ley “porque en el Congreso se refleja la soberanía de Colima y es obligación de las autoridades financieras y hacendarias locales canalizar esos recursos, en el momento en el que no lo hacen, van contra la Constitución”, precisó.

Importante que la ciudadanía conozca las candidaturas y se involucre en elecciones

Al continuar con el desarrollo de la sesión, el pleno aprobó por unanimidad modificaciones al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral para incorporar la obligatoriedad de la publicación de información curricular y de identidad de las candidaturas en las elecciones federales y locales, así como los Lineamientos para el uso del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para los procesos electorales federales y locales.

“El objetivo es que la ciudadanía conozca a las personas candidatas, pero también, que se involucre más activamente en los procesos electorales”, subrayó la Consejera Dania Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales.

Especificó que, para los procesos electorales federales, el INE implementará el sistema para la captura del cuestionario curricular y el cuestionario de identidad de las candidaturas, derivado del análisis de los resultados de la implementación del sistema durante los procesos electorales locales 2021-2022, se determinó que los Organismos Públicos Locales deben ser los responsables del desarrollo, implementación y operación del sistema para los procesos electorales locales.

Lo anterior a efecto en que se mantenga la calidad en el sistema a nivel federal y exista homogeneidad en los mecanismos de información puestos a disposición de la ciudadanía, abundó Ravel Cuevas.

En este punto, la Consejera Claudia Zavala Pérez destacó la importancia de perfeccionar este modelo, pues es una ventana de información para conocer a las candidatas y los candidatos, tanto al interior del país como desde el extranjero.

Hizo votos “porque las y los candidatos a través de los partidos políticos, mejoremos esta herramienta de información, que no sea el copiar de un candidato, de una candidata a otro la información y que las prisas no sean un motivo para dejar de informar adecuadamente a la ciudadanía”.

Dar claridad a los criterios de paridad en designación de consejerías

Posteriormente, el pleno aprobó -por unanimidad- la modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La Consejera Dania Ravel precisó que el objetivo es dar claridad a los criterios de paridad y alternancia, así como certeza a las designaciones de las presidencias temporales en los Organismos Públicos Locales.

Para ello, dijo, se modifica transversalmente el Reglamento de Designaciones en siete puntos clave como son la integración paritaria; la propuesta de designación en caso de una vacante a designar; paridad en cargos; convocatorias exclusivas para mujeres; paridad flexible; alternancia en la presidencia de los Organismos Públicos Locales; designaciones de presidencias provisionales y ausencia temporal menor a 30 días en la presidencia.

En su intervención, la Consejera Carla Humphrey consideró que “se trata de una propuesta seria, prudente y responsable para incorporar a nuestra norma reglamentaria, diversos criterios vinculantes de la autoridad jurisdiccional, así como algunas directrices que el Consejo y la propia Comisión han venido desarrollando por propia convicción para mejorar las gestiones de nuestros deberes en esta materia”.

Es decir, abundó, de la integración paritaria de la propuesta de designación en caso de una vacante a designar, de criterios de paridad en cargos, las convocatorias exclusivas para mujeres, la paridad flexible o la alternancia en las presidencias, entre otras.

En suma, aseguró, se trata de una propuesta para mejorar los procedimientos y prácticas a la luz de los deberes que impone la Constitución y a las obligaciones de paridad total.