Un grupo de políticos locales de San Petersburgo que pidieron la destitución del presidente Vladimir Putin por la guerra de Ucrania enfrenta una probable disolución de su consejo de distrito, tras la decisión de un juez el martes, dijo uno de los diputados.

Nikita Yuferev dijo que el juez decidió que una serie de reuniones pasadas del consejo habían sido inválidas, allanando el camino para que sea disuelto por el gobernador regional.

Otro miembro del consejo, Dmitry Palyuga, dijo que el mismo tribunal le impuso una multa de 47 mil rublos (780 dólares) por «desacreditar» a las autoridades al pedir la destitución de Putin. No fue posible contactar por teléfono con funcionarios del tribunal.

Otros cuatro miembros del consejo local de Smolninskoye deberán comparecer ante el tribunal en los próximos dos días.

La semana pasada, un grupo de diputados del consejo hizo un llamado a la Duma Estatal para que presente cargos de traición al Estado contra Putin y lo despoje del poder, citando una serie de razones, entre ellas las derrotas militares de Rusia en Ucrania y el daño a su economía por las sanciones occidentales.

Otra diputada local dijo que 65 representantes municipales de San Petersburgo, Moscú y otras regiones habían firmado una petición que se publicó el lunes pidiendo la dimisión de Putin.

Aunque no suponen una amenaza para el poder de Putin, estas acciones son una rara expresión de disidencia por parte de representantes electos, mientras los rusos se arriesgan a sufrir duras penas de prisión por «desacreditar» a las fuerzas armadas o difundir «información deliberadamente falsa» sobre ellas.

Palyuga dijo a Reuters antes de la audiencia del martes que los llamamientos del grupo estaban dirigidos no sólo a los rusos liberales, sino también a «personas leales a las autoridades que empiezan a tener dudas al ver la falta de éxito del Ejército ruso».

La analista política rusa Tatiana Stanovaya afirmó que el mayor riesgo para el Kremlin no reside en la protesta de los concejales en sí, sino en el peligro de responder con demasiada dureza.

«La reacción, o la sobrerreacción, puede causar más daño político al régimen que esta petición. Pero no tengo dudas de que todos los que la firmaron se verán sometidos a presión política», dijo Stanovaya, fundadora del proyecto de análisis independiente R.Politik.

Se han abierto miles de procesos judiciales contra personas acusadas de desacreditar al Ejército, que suelen acabar en multas la primera vez, pero un concejal del distrito de Moscú fue sentenciado a siete años en julio, tras ser condenado por difundir información falsa. Otros periodistas y opositores han sido acusados y enfrentan posibles penas de cárcel.

Con información de Reuters