El senador del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, lanzó nuevas críticas contra Morena y el gobierno federal tras las investigaciones y acciones emprendidas por autoridades de Estados Unidos relacionadas con exfuncionarios presuntamente vinculados al entorno político del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el legislador panista aseguró que mientras en Estados Unidos continúan avanzando las indagatorias y detenciones contra exservidores públicos presuntamente relacionados con estructuras del crimen organizado, en México Morena “sigue defendiendo lo indefendible”.

Marko Cortés sostuvo que, en un primer momento, integrantes del oficialismo negaron la existencia de pruebas, posteriormente calificaron las acusaciones como ataques políticos y ahora, dijo, han optado por guardar silencio frente a los señalamientos y acciones judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.

“Ya hay exfuncionarios morenistas bajo custodia de autoridades estadounidenses y el gobierno federal sigue volteando hacia otro lado”, expresó el senador, en referencia a los recientes casos que han generado tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos en torno a presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.

El legislador del PAN afirmó además que, por el bien del país y para evitar una eventual infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, espera que existan denuncias formales contra otros servidores públicos presuntamente coludidos con grupos delictivos.

Las declaraciones de Marko Cortés se suman a la ofensiva política que la oposición ha mantenido en los últimos días contra Morena, particularmente tras las acusaciones y procesos abiertos en Estados Unidos contra exfuncionarios relacionados con administraciones de Sinaloa, tema que ha escalado en el debate nacional debido a sus implicaciones políticas, judiciales y de seguridad.

Hasta el momento, Morena y el gobierno federal han sostenido que las acusaciones provenientes de sectores políticos y judiciales estadounidenses deben ser analizadas con responsabilidad y apego al debido proceso, mientras continúa la atención pública sobre el desarrollo de las investigaciones en el vecino país del norte.