La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la iniciativa de ampliar el periodo de labores de las Fuerzas Armadas en las calles en labores Seguridad Pública este miércoles 14 de septiembre. La iniciativa pasará al Senado de la República para ser discutida.

Con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el pleno aprobó la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública y turnó el proyecto al Senado para su eventual ratificación.

Aunque el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraba diferir hasta 2029 a presencia del Ejército en las calles, durante la discusión en lo particular se admitió una modificación para acortar un año dicho plazo.

La iniciativa lanzada por el PRI fue respaldada por funcionarios de Morena, quienes secundaron la idea de mantener al ejército en las calles luego de una serie de modificaciones antes de llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.

Los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PVEM y PT votaron a favor del proyecto, aunque los priistas José Francisco Yunes y Sue Ellen Bernal, así como la morenista Inés Parra lo hicieron en contra; Ana Lilia Herrera, también del PRI, en abstención.

El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, reafirmó su alianza con el Ejército Mexicano y extendió al PAN y al PRD la invitación para mantener la coalición Va por México hacia las próximas elecciones, al tiempo de señalar que la decisión está en la cancha de panistas y perredistas.

“Nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco”, puntualizó el coahuilense.

Por separado, el panista Jorge Romero y el perredista Luis Cházaro compartieron en redes sociales una fotografía juntos en el salón de sesiones con la frase: “PAN y PRD hicimos valer el mandato que nos dio la gente en 2021 en este momento histórico. Hasta el final por México; firmes y dignos porque la palabra empeñada es ley”.

La reforma al artículo quinto transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional prevé asimismo la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a los avances en la materia. Además, obliga al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir en cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil.