El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará una prórroga más al uso de la facturación 4.0, una de las estrategias anunciadas contra las empresas que simulan y facturan operaciones falsas. De acuerdo con documentos normativos de la institución, se ampliará tres meses el plazo para que se pueda seguir usando la pasada versión en los recibos de nómina.

Será hasta el 31 de marzo del próximo año que los contribuyentes que emiten Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs), con complemento de nómina, podrán hacerlo con una versión 3.3, pero partir del 1 de abril serán penalizados de no hacerlo a través de un formato 4.0, evidencia la Segunda Versión Anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Apenas en junio y luego de diversas negativas por parte de su ex titular, Raquel Buenrostro, el SAT amplió seis meses el plazo para que todos los comprobantes fiscales se emitieran mediante la facturación 4.0, antes de imponer las sanciones previstas en la miscelánea fiscal de este año.

No obstante, en ese momento al verse rebasado por la corrupción y su capacidad operativa en la entrega de la constancia de situación fiscal a los trabajadores y prestadores de servicios, mediante la cual quien emite la factura puede verificar los datos del contribuyente y así evitar una sanción, el organismo decidió extender hasta el cierre de 2022 el periodo de gracia.

Los CFDIs en formato 4.0 contienen una serie de datos de verificación de los causantes: registro federal de contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal, el régimen en que se tributa. El grado de detalle en este tipo de comprobantes busca frenar la facturación falsa que se usa para evadir y eludir impuestos.

La extensión del plazo para mudar a la facturación 4.0, antes de imponer sanciones, permite a los contribuyentes migrar a la nueva versión y así poder adecuar sus sistemas de facturación y nómina con motivo de diversas complejidades tecnológicas, legales y fiscales que se están enfrentando, explicó Martín, Isla & Pickering abogados.

Fuente: La Jornada