Francisco Garfias

En San Lázaro están condenados a que no avance ninguna reforma constitucional, leyes o nombramientos que requieran de una mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) en lo que resta del sexenio.

Prevalece el dictado de Palacio Nacional de “no le muevan ni una coma” que se apoya en el engañoso postulado de que “los principios no se negocian”.

Bajo esa premisa, no hay manera de alcanzar acuerdos para avanzar en las tareas parlamentarias que requiere el país.

Lo que proponga la oposición es desechado en automático. Lo vimos en la reforma eléctrica, en la de la Guardia Nacional. Lo vemos en la desahuciada reforma electoral.

El Ejecutivo no se preocupa. Sabe que si sus iniciativas de reformas a la ley suprema no avanzan en el Congreso, cuenta con el apoyo de la SCJN, suficiente para bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición.

Dialogar y negociar no es traicionar los principios, sino ceder para avanzar en los cambios que requiere cualquier país que se diga democrático.

Pero eso no lo entiende Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena. Él repite al pie de la letra lo que dice López Obrador en las mañaneras, para justificar la cerrazón de la mayoría oficialista:

“Dicen en Puebla —su tierra— que no sé operar, porque ellos esperan que sea como siempre fue, negociar, acordar, repartir cuotas, ceder y yo sostengo que formo parte de un movimiento en el que los principios no se negocian, las convicciones y los ideales no se negocian.

“Vamos a someter (la reforma electoral) a consideración y que la voten en contra, y después de que la voten ya pasamos al plan B.

¿Entonces cerramos el Congreso y que el señor de Palacio decida todo? Es pregunta.

En esa rueda de prensa, el coordinador de Morena también dijo que la fecha límite para una reforma electoral es el 3 de abril de 2023.

* Ya que estamos. El senador del PAN, Damián Zepeda, pidió ayer públicamente a la SCJN que deje de hacer el “trabajo sucio” al presidente López Obrador.

El legislador se quejó de que a la Corte le llevó dos años y medio analizar si es legal o no que el Presidente utilice las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Mostró copia del documento que el Ejecutivo envió al máximo tribunal para justificar la permanencia del Ejército y la Marina en labores que le corresponden a la policía.

Y dijo: “Este documento que tengo en mis manos, por increíble que parezca, es en el que, según la Corte, el gobierno explica que puede usar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. De ese tamaño, una hoja”.

Adelantó que presentará una iniciativa para que la SCJN resuelva los temas importantes en un máximo de 90 días.

¿Alguna vez te has preguntado qué harías si te diagnostican una enfermedad terminal? ¿Preferirías una muerte digna y sin dolor o una agonía larga y sufrida? 

En México tenemos una legislación para cuidados paliativos. Contamos con el derecho para que enfermos en situación terminal puedan acceder a cuidados que les permitan reducir el dolor.

Y, sin embargo, de 600 mil personas que los requieren cada año, sólo 3 por ciento (aproximadamente 18 mil) acceden a ellos, según un estudio de la Universidad de Guadalajara.

Hay entidades donde existe la figura de voluntad anticipada, misma que prevé el derecho a decidir aceptar o no tratamientos y procedimientos médicos en caso de diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal.

Esas entidades son: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

“Pero es necesario establecer un marco legal que contemple la autonomía de las personas de elegir cómo terminar su vida, en caso de sufrir un padecimiento terminal, una enfermedad o lesión permanente intensamente dolorosa o que esté en agonía”, dice la iniciativa que el diputado de MC, Salomón Chertorivski, presentó al pleno en la sesión del pasado martes.

Publicado en excelsior