Durante la reunión de la Comisión de Salud en el Senado, el legislador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que busca establecer un marco legal integral para la atención de la salud mental en el país, con base en recomendaciones internacionales y en colaboración con especialistas.
El senador Luis Donaldo Colosio advirtió que la falta de atención a la salud mental puede convertirse en un problema incontrolable si no se actúa con seriedad. Señaló que no invertir en prevención y tratamiento resulta más costoso para el sistema de salud, pues se traduce en violencia, adicciones, deserción escolar, pérdida de productividad y sufrimiento humano evitable.
La propuesta contempla principios fundamentales como la dignidad, el derecho a información clara, consentimiento informado, confidencialidad y trato humano sin violencia. Además, busca garantizar atención cercana a la comunidad y evitar que las personas con padecimientos sean tratadas como ciudadanos de segunda.
Entre los puntos clave, Colosio destacó la necesidad de que la atención psiquiátrica no dependa únicamente de hospitales especializados, sino que inicie en el primer nivel de atención, con capacidad para detectar casos, contener crisis y orientar a las familias. También se regula la internación involuntaria, estableciendo criterios claros, límites de tiempo, supervisión y salvaguardas para evitar abusos.
La iniciativa incluye obligaciones de capacitación y coordinación con sectores como educación, justicia, seguridad y desarrollo social, así como con los tres niveles de gobierno, reconociendo que la salud mental se construye desde la comunidad y la familia.
Colosio invitó a los integrantes de la Comisión de Salud a sumarse para presentar la propuesta de manera conjunta y lograr que sea aprobada por unanimidad. “Este es un tema que no divide, que no tiene diferencias políticas. Es una deuda histórica y una oportunidad para transformar vidas”, afirmó.
El senador concluyó que México carece de una regulación específica en materia de salud mental y que esta ley sería un punto de partida para trabajar con el Ejecutivo y garantizar una implementación gradual, efectiva y con visión de futuro.
