Ciudad de México.— La diputada federal Noemí Berenice Luna Ayala presentó una iniciativa de amplio alcance para reformar diversas leyes en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, atención a víctimas y fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, al advertir que México enfrenta una “crisis humanitaria” que ha sido minimizada por el gobierno federal.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el número de personas desaparecidas en el país supera las 72 mil durante los sexenios de la actual administración, lo que —dijo— refleja una problemática de dimensiones alarmantes que no ha sido atendida con la seriedad necesaria.

En su exposición, Luna Ayala hizo una analogía al referirse a la capacidad del Estadio Azteca para ilustrar la magnitud de las desapariciones, asegurando que las cifras oficiales representan una tragedia de gran escala que no puede seguir siendo ignorada.

La diputada afirmó que organismos internacionales, como el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, ya han activado mecanismos de atención ante la gravedad del caso en México, lo que consideró una señal de alerta que el Estado mexicano no ha atendido adecuadamente.

Asimismo, criticó el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que acusó de haber renunciado a su función de defensa de las víctimas y de actuar con omisiones frente a la crisis de desapariciones. Señaló también contradicciones en su postura respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.

En contraste, destacó las acciones del PAN en el tema, entre ellas la solicitud de una comisión especial para investigar casos recientes, así como denuncias presentadas ante instancias internacionales. También acusó que recursos públicos destinados a la búsqueda de personas no han sido ejercidos en su totalidad.

La legisladora planteó una serie de reformas que incluyen el reconocimiento de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, la creación de un fondo permanente de reparación del daño, el fortalecimiento institucional con mayores recursos, así como garantías de protección para familiares y colectivos de búsqueda.

Finalmente, llamó a que el Estado mexicano asuma su responsabilidad frente a la crisis de desapariciones y atienda las recomendaciones internacionales, al advertir que de no hacerlo, se mantendrá la omisión institucional frente a una de las problemáticas más graves del país.