Castigos, golpes y confinamiento en la “habitación roja”

Lo que debía ser un espacio de protección para menores migrantes se convirtió en el centro de una investigación por presuntos abusos físicos, castigos extremos y prácticas que especialistas ya califican como posibles violaciones graves a los derechos humanos. El albergue Children’s Village, ubicado en Dobbs Ferry, Nueva York, enfrenta acusaciones que exhiben un patrón sistemático de maltrato contra niños bajo custodia del gobierno estadounidense.

De acuerdo con testimonios recabados por diversas fuentes, incluidos funcionarios federales y expertos en bienestar infantil, el centro habría operado durante años con un enfoque punitivo encubierto, donde menores migrantes son sometidos a golpes, inmovilizaciones prolongadas y aislamiento en un espacio conocido como la “habitación roja”. Este lugar, descrito como un cuarto estrecho, sin puerta, con iluminación roja y sin condiciones básicas, habría sido utilizado como castigo, en abierta violación de los protocolos que prohíben el aislamiento como medida disciplinaria.

El caso más estremecedor es el de un adolescente que relató haber pasado cuatro días encerrado en ese espacio, sin poder bañarse y recibiendo únicamente pan como alimento. Su testimonio, documentado en reportes clínicos internos, también señala la intervención constante de una unidad denominada “especial”, un grupo de seguridad acusado de golpear a los menores, incluso fuera del alcance de las cámaras, y de someterlos físicamente hasta en veinte ocasiones.

Desde al menos 2019, expertos y organizaciones han documentado denuncias similares sobre el uso de fuerza excesiva y confinamiento indebido en el mismo centro. Sin embargo, los señalamientos habrían persistido durante años sin una intervención contundente, lo que apunta a una falla estructural en los mecanismos de supervisión.

El albergue opera bajo financiamiento del Department of Health and Human Services, a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), responsable del cuidado de menores migrantes no acompañados. Este modelo, que delega la atención en organizaciones privadas, ha sido cuestionado por su falta de transparencia y por la dificultad para monitorear lo que ocurre dentro de estos centros.

Tras las denuncias más recientes, la ORR inició una revisión interna y ordenó el traslado de todos los menores a otros centros, reconociendo “preocupaciones significativas sobre el bienestar infantil”. No obstante, la reacción llega tarde para quienes ya fueron víctimas de estos presuntos abusos.

El contexto agrava aún más la situación. En los últimos meses, las políticas migratorias han endurecido las condiciones para que padres o tutores puedan recuperar a los menores bajo custodia, prolongando su estancia en estos centros. Datos federales indican que el tiempo promedio de permanencia se ha triplicado, alcanzando hasta 117 días. En ese lapso, niños que ya arrastran traumas por su proceso migratorio quedan expuestos a entornos que, lejos de protegerlos, pueden profundizar el daño.

Expertos en bienestar infantil han sido claros: el uso de la fuerza física, el aislamiento prolongado y cualquier forma de castigo corporal son inaceptables bajo cualquier circunstancia. “No debería haber palizas bajo ninguna condición”, advirtió un exfuncionario del sistema federal, subrayando que lo documentado en este caso es “extremo y profundamente perturbador”.

Pese a ello, el albergue ha defendido su actuación bajo una política de “tolerancia cero” al maltrato, asegurando que cualquier denuncia es reportada a las autoridades. Sin embargo, esta postura contrasta con la acumulación de testimonios y con antecedentes que ya habían encendido alertas desde revisiones federales anteriores, donde incluso se detectaron condiciones potencialmente perjudiciales para los menores.

El caso de Children’s Village es un síntoma de un sistema más amplio que mantiene a miles de niños migrantes bajo custodia en condiciones opacas. Actualmente, más de dos mil menores permanecen en centros financiados por el gobierno estadounidense, muchos de ellos durante meses, en una red de albergues que opera con supervisión limitada y bajo presión creciente.

Lo que hoy se investiga en Nueva York expone una contradicción de fondo: un sistema que, en nombre de la protección, puede terminar reproduciendo dinámicas de abuso. Para los niños migrantes, la frontera no termina al cruzar el territorio estadounidense; continúa dentro de las instituciones que deberían resguardarlos.

La investigación sigue en curso, pero el daño ya es evidente. Y la pregunta es inevitable: ¿cuántos casos más permanecen ocultos detrás de un modelo que ha demostrado ser incapaz de garantizar lo más básico: la seguridad y dignidad de los menores?

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