Senado de la República, 19 de abril de 2026.— Con el objetivo de cerrar el vacío legal existente y establecer reglas claras para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en México, la senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para crear una regulación federal que garantice condiciones de seguridad, transparencia y equidad tanto para usuarios como para conductores en todo el país.

La legisladora por Zacatecas señaló que actualmente no existe un marco jurídico nacional específico que norme la operación de este tipo de servicios, situación que ha generado incertidumbre y diferencias regulatorias entre las distintas entidades federativas.

Explicó que la propuesta busca establecer lineamientos generales a nivel federal, respetando al mismo tiempo la soberanía de los estados para que cada entidad pueda emitir disposiciones complementarias de acuerdo con sus necesidades locales.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa contempla que las plataformas digitales transparenten de manera clara la metodología utilizada para calcular tarifas, con el fin de brindar mayor certeza a los usuarios y evitar cobros discrecionales.

En ese sentido, las empresas deberán informar públicamente la tarifa base, el costo por kilómetro recorrido, el cargo por minuto, así como los criterios aplicables para tarifas dinámicas y comisiones cobradas tanto a pasajeros como a conductores.

Además, cualquier modificación en estos esquemas tarifarios deberá notificarse a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) con al menos 30 días de anticipación, lo que permitirá una supervisión más efectiva y mayor protección a los consumidores.

La propuesta también establece la eliminación de cláusulas contractuales que resulten perjudiciales o abusivas para usuarios y operadores, con el propósito de equilibrar la relación entre las plataformas y quienes dependen de estos servicios.

Claudia Anaya advirtió que, aunque las aplicaciones de transporte transformaron la movilidad urbana en menos de una década y se han convertido en una alternativa cotidiana para millones de personas, su crecimiento no ha sido acompañado por una legislación federal acorde a la magnitud del sector.

Subrayó que la actual Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no contempla de manera específica este modelo de servicio, pese a su presencia consolidada en numerosas ciudades mexicanas.

En materia de seguridad, la iniciativa propone requisitos obligatorios para las unidades y conductores, entre ellos verificación vehicular vigente, seguro de responsabilidad civil, documentación en regla y controles más estrictos para prevenir casos de suplantación de identidad.

Asimismo, se plantea la implementación de mecanismos de verificación biométrica o reconocimiento facial para los conductores, tanto al inicio de cada jornada como durante la prestación del servicio, con la finalidad de fortalecer la confianza de los usuarios y reducir riesgos operativos.

La senadora priista sostuvo que la modernización del transporte digital debe ir acompañada de certeza jurídica, protección al consumidor y condiciones justas para quienes generan ingresos mediante estas plataformas, por lo que llamó a abrir el debate legislativo para construir una regulación moderna, equilibrada y funcional para todo el país.