Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional en la capital presentó este lunes su propuesta “Ciudad de Futuro con Visión de Cuidados”, una agenda urbana con la que busca incidir en la definición del Plan General de Desarrollo 2025-2045, al tiempo que lanzó fuertes críticas al proceso impulsado por el gobierno capitalino, al que acusó de opacidad, simulación y posibles violaciones legales.

La dirigencia panista y sus legisladores en el Congreso local colocaron sobre la mesa un mensaje doble: por un lado, una visión de ciudad enfocada en movilidad cercana, servicios accesibles y reconocimiento del trabajo de cuidados; por otro, una ofensiva política contra el documento rector que actualmente se discute.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, sostuvo que la planeación urbana ya no puede seguir diseñada bajo esquemas de largos traslados entre vivienda y trabajo, sino centrada en que los servicios esenciales estén cerca de las personas.

Mencionó la necesidad de contar con estancias infantiles, centros de atención, servicios de salud y espacios de cuidado estratégicamente ubicados, especialmente para madres, padres, adultos mayores y personas con discapacidad.

También subrayó una desigualdad estructural históricamente ignorada: la carga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado que recae en mujeres.

Con ello, el PAN intenta apropiarse de una agenda social que durante años fue bandera de sectores progresistas, pero ahora traducida a términos de urbanismo y servicios públicos.

En el plano político, el coordinador panista en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, cuestionó severamente la forma en que se construyó el Plan General de Desarrollo.

Aseguró que las críticas no sólo provienen de la oposición, sino también de vecinos, organizaciones civiles y órganos ciudadanos.

Denunció que la difusión pública previa del documento fue de apenas unas horas, lo que —dijo— refleja la falta de transparencia con la que nació el proceso.

Además, alertó sobre tres riesgos centrales: facultades excesivas para casas de gobierno con posibles implicaciones en uso de suelo; cambios a mecanismos de participación ciudadana que afectarían a los COPACOS; y el modelo de “centralidades”, que podría profundizar la redensificación sin resolver rezagos en zonas periféricas.

Atayde resumió su postura con una frase políticamente calculada: “Una ciudad que no está diseñada para cuidar, está diseñada para excluir”.

El frente jurídico lo encabezó la diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, quien anunció una denuncia ante la Contraloría capitalina contra la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez.

La legisladora acusó presuntas violaciones graves a la ley durante la formulación, difusión y consulta del Plan General de Desarrollo.

Entre los señalamientos destacan que el documento no habría sido presentado formalmente ante la Junta de Gobierno para su aprobación; que su difusión pública fue mínima; y que no existen anexos claros sobre cómo se incorporaron opiniones ciudadanas.

“El documento nace viciado. No se puede construir desarrollo sobre un proceso ilegal”, sentenció.

Incluso exigió la separación inmediata del cargo de la funcionaria para garantizar una investigación sin interferencias.

Por su parte, la diputada Liz Salgado advirtió que el plan corre el riesgo de convertirse en un texto meramente decorativo, sin conexión real entre diagnóstico, presupuesto y ejecución gubernamental.

Reconoció algunos aciertos temáticos, como el sistema de cuidados y la gestión integral de riesgos, pero sostuvo que no define con claridad cómo se aplicarán ni con qué recursos.

En tanto, la diputada Claudia Pérez centró sus críticas en la exclusión de Pueblos y Barrios Originarios, al señalar que el gobierno reconoce su autonomía en el discurso, pero no respeta sus tiempos comunitarios ni garantiza consultas efectivas.

Afirmó que muchas comunidades no tuvieron condiciones reales para revisar un documento técnico de cientos de páginas y participar de manera informada.

El mensaje panista deja ver una estrategia clara: disputar el debate urbano desde una narrativa social, técnica y legal al mismo tiempo.

Mientras Morena gobierna la capital y controla buena parte de la estructura institucional, el PAN busca posicionarse como contrapeso en un tema sensible: cómo se diseñará la Ciudad de México durante los próximos veinte años.

Porque detrás del lenguaje técnico del Plan General de Desarrollo, lo que realmente está en juego es poder territorial, uso de suelo, presupuesto y control político de la ciudad.