El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, informó que el Senado sostuvo una reunión plural con la delegación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que participaron coordinadores parlamentarios y presidentes de diversas comisiones legislativas, con el objetivo de dialogar sobre la situación de las desapariciones en México y las acciones institucionales emprendidas para atender el problema.

El legislador señaló que durante el encuentro se presentó al organismo internacional un paquete de reformas impulsadas por el Congreso de la Unión, entre ellas modificaciones constitucionales y legales orientadas al fortalecimiento institucional, la procuración de justicia, la atención a víctimas y la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Respecto al informe reciente de la ONU sobre desapariciones, Mier explicó que la mayoría legislativa expresó diferencias en la interpretación del concepto de “desaparición forzada”, al sostener que este delito implica participación directa, autorización o consentimiento del Estado, lo cual —afirmó— no corresponde a una práctica sistemática del gobierno mexicano actual.

Indicó que también se planteó la interpretación del término “aquiescencia”, al considerar que en México no existe tolerancia institucional frente a estos hechos, sino esfuerzos sostenidos durante los últimos años para combatir un problema estructural heredado por décadas.

Según detalló, el alto comisionado respondió que el informe fue elaborado por un comité técnico e independiente, y que las observaciones serían revisadas en el marco de su visita a México, la cual incluye reuniones con distintos poderes e instituciones.

En otro tema, Ignacio Mier descartó que exista, por ahora, consenso dentro de la coalición oficialista para convocar a un periodo extraordinario que permita aplazar al año 2028 la elección judicial pendiente para jueces y magistrados. Reconoció que algunos legisladores tienen derecho a presentar iniciativas en ese sentido, pero aclaró que actualmente no hay acuerdo político para impulsarla.

No obstante, señaló que el tema podría analizarse más adelante considerando factores técnicos, presupuestales, logísticos y la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente ante la posibilidad de empatar elecciones judiciales con los comicios constitucionales de 2027.

Sobre el caso Chihuahua, el senador adelantó que podría presentarse un punto de acuerdo para citar a comparecer a la gobernadora de la entidad y al fiscal estatal, a fin de que proporcionen información relacionada con la muerte de presuntos agentes de la CIA en territorio mexicano.

Mier sostuvo que el Senado sí cuenta con facultades constitucionales para requerir información de funcionarios públicos cuando se trate de asuntos vinculados con seguridad nacional, legalidad o interés público.

Finalmente, informó que el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República podría comenzar a discutirse la próxima semana. Añadió que existe disposición para que la fiscal Ernestina Godoy acuda al Senado a explicar los alcances del documento antes de que sea dictaminado en comisiones y posteriormente turnado al Pleno.