El Congreso del Estado de México dio un paso significativo al aprobar un paquete de reformas orientadas a fortalecer los mecanismos de protección, prevención y apoyo para quienes desempeñan estas labores. La medida, impulsada por la bancada de Movimiento Ciudadano y respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca consolidar condiciones más seguras y dignas para el ejercicio de estas actividades fundamentales en una sociedad democrática.

El eje central de las reformas es la creación de un directorio voluntario de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Este registro, que estará bajo la administración del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral, tiene como objetivo facilitar la comunicación y activar protocolos de emergencia en situaciones de riesgo. A diferencia de otras iniciativas similares, el listado no será obligatorio ni condicionará el acceso al mecanismo de protección, lo que garantiza el respeto a la autonomía y libertad de quienes ejercen estas profesiones.

Durante la sesión ordinaria de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, se destacó que este instrumento funcionará como una herramienta preventiva y complementaria. El directorio incluirá datos de contacto, vínculos con medios de comunicación, organizaciones o colectivos, y será manejado bajo estrictos criterios de confidencialidad conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

El dictamen, presentado por el diputado Octavio Martínez Vargas, integra propuestas de diversas fuerzas políticas, lo que refleja un consenso amplio sobre la necesidad de proteger a un sector que históricamente ha enfrentado vulnerabilidades. En este sentido, la legisladora Ruth Salinas Reyes subrayó que, si bien el acceso a servicios de salud es un avance importante, no debe sustituir la responsabilidad de las empresas de comunicación de garantizar prestaciones laborales a sus trabajadores.

Más allá del registro, las reformas contemplan la implementación de protocolos específicos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención de periodistas y defensores en situaciones de emergencia. Estos lineamientos deberán ser adoptados por la Secretaría de Seguridad y autoridades municipales, quienes estarán obligadas a publicarlos y actualizarlos periódicamente, con el fin de asegurar una respuesta oportuna y adecuada ante posibles amenazas.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la ampliación de los apoyos disponibles para este sector. A partir de ahora, las personas beneficiarias del mecanismo podrán acceder a servicios médicos, programas sociales, capacitación en seguridad y autoprotección, así como a apoyos para gastos funerarios en caso de fallecimiento derivado de su labor. Estas medidas buscan no solo reaccionar ante situaciones de riesgo, sino también prevenirlas y ofrecer un respaldo integral.

El enfoque de las reformas también es incluyente. Se reconoce la necesidad de atender a periodistas y defensores pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, afromexicanas, personas migrantes o integrantes de la diversidad sexual. Esta perspectiva responde a la realidad de un país donde las condiciones de riesgo pueden agravarse por factores sociales y culturales.

En el ámbito institucional, se fortalece el funcionamiento del Consejo Consultivo del mecanismo mediante la reducción de sus integrantes de 13 a nueve, lo que permitirá una operación más ágil y eficiente. Asimismo, se establecen criterios transparentes para su integración, garantizando la paridad de género y una representación regional equilibrada que refleje la diversidad del estado.

Otro elemento innovador es la incorporación de instrumentos de identificación voluntaria para periodistas y defensores, como chalecos o credenciales, que podrán ser utilizados en el ejercicio de su labor. No obstante, se enfatiza que su uso será completamente opcional y no deberá implicar riesgos adicionales ni vulneraciones a la privacidad, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, las reformas establecen que el fondo estatal destinado al mecanismo deberá utilizarse exclusivamente para la implementación de medidas preventivas y de protección urgente. Esta disposición busca evitar la dispersión de recursos y garantizar que se destinen directamente a salvaguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

Con estas acciones, el Estado de México se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales por crear entornos más seguros para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, el desafío no termina con la aprobación de la ley: su eficacia dependerá de la voluntad política, la correcta implementación y la participación activa de la sociedad.