La diputada Araceli Casasola presentó la iniciativa del GPPRD para endurecer penas por asesinatos contra policías y servidores públicos de seguridad

La diputada Araceli Casasola Salazar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para imponer hasta 70 años de prisión por el homicidio de dos o más integrantes de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, así como de las fuerzas armadas.

La propuesta legislativa, impulsada junto con el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada perredista, plantea reformas al Código Penal del Estado de México con el objetivo de inhibir agresiones directas contra las fuerzas del orden y brindar mayor certeza jurídica a quienes desempeñan labores de seguridad.

De acuerdo con el proyecto, se contemplan penas de hasta 25 años de prisión y multas de hasta 3 mil días por homicidio cometido contra personas servidoras públicas integrantes de dichas instituciones.

Sin embargo, se añaden agravantes que elevarían la sanción hasta 70 años de cárcel y multas de hasta 5 mil días cuando el delito sea cometido contra dos o más elementos policiacos o servidores públicos de seguridad, ya sea en un mismo hecho o en distintos eventos.

Entre los supuestos agravantes se contempla que el crimen sea perpetrado durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como cuando exista superioridad numérica o se utilicen armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, Araceli Casasola informó que de enero a abril de 2026 se han registrado 10 asesinatos de elementos policiacos en la entidad.

La legisladora señaló que detrás de cada uniforme existen madres, padres e hijos que arriesgan diariamente su integridad en condiciones complejas, por lo que consideró necesario fortalecer el respaldo legal hacia quienes protegen a la ciudadanía.

Añadió que la sociedad exige profesionalización y resultados inmediatos en materia de seguridad, pero con frecuencia pasa por alto la vulnerabilidad a la que están expuestos los cuerpos policiacos.

La iniciativa sostiene que el asesinato de un elemento de seguridad no puede ser tratado como un homicidio simple, debido a que grupos criminales emplean la violencia letal para intimidar corporaciones, frenar acciones de vigilancia, coaccionar autoridades y generar vacíos de poder mediante emboscadas y ataques armados.

Asimismo, advierte que permitir estos actos sin consecuencias jurídicas agravadas envía un mensaje de debilidad institucional frente a la delincuencia organizada.

“No se puede exigir una ética intachable a nuestras fuerzas policiales si el marco legal les otorga el mismo valor jurídico que a un particular en situaciones de confrontación letal”, expresó la legisladora.