el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la cooperación internacional en materia de seguridad no puede estar por encima de la soberanía nacional. La reciente participación de agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en un operativo realizado en el estado de Chihuahua ha generado una fuerte reacción diplomática por parte de México, marcando un nuevo capítulo en la compleja dinámica entre ambos países.

El detonante fue la entrega de una nota diplomática por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. En este documento, el gobierno mexicano expresó su inconformidad por no haber sido informado previamente de la participación de agentes extranjeros en territorio nacional, lo que representa, según las autoridades, una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue enfática al subrayar que este tipo de acciones deben ser excepcionales y no la norma. “Nuestra obligación es la defensa de la soberanía, y esto no se negocia”, afirmó. La mandataria destacó que, si bien existe una coordinación efectiva con Estados Unidos en temas de seguridad, esta debe regirse por principios claros de respeto mutuo y cumplimiento de las leyes mexicanas.

El operativo en cuestión, realizado en Chihuahua, ha abierto interrogantes sobre la participación de autoridades estatales en acuerdos con instancias extranjeras sin el conocimiento del gobierno federal. En este sentido, Sheinbaum señaló que la responsabilidad podría recaer en la Fiscalía General del Estado o en el propio gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Maru Campos. No obstante, evitó politizar el asunto, insistiendo en que el fondo del problema es la defensa del marco legal y la soberanía nacional, más allá de diferencias partidistas.

La presidenta también cuestionó la utilidad de la comisión investigadora anunciada por el gobierno estatal, al considerar que los hechos son relativamente claros y que la clave está en determinar quién autorizó la participación de agentes extranjeros. En este contexto, apuntó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de llevar a cabo una investigación formal.

A pesar de la tensión generada por este incidente, el gobierno mexicano ha reiterado su voluntad de mantener una relación cordial y constructiva con Estados Unidos. Sheinbaum destacó que la cooperación bilateral ha dado resultados concretos, como recientes decomisos de armas en la frontera que pretendían ingresar a México. “¿Para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados?”, cuestionó.

En cuanto a la relación con el embajador Johnson, la presidenta aseguró que no existe intención de generar un conflicto diplomático. Por el contrario, expresó su confianza en que el caso será aclarado y que no afectará la confianza mutua. “Esperemos que sea un caso de excepción”, reiteró.

Otro tema que surgió durante la conferencia fue la posibilidad de que el embajador estadounidense esté promoviendo denuncias de corrupción contra funcionarios mexicanos. Al respecto, Sheinbaum fue tajante: cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas sólidas. Recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue liberado y repatriado ante la falta de evidencias contundentes.

Finalmente, la presidenta subrayó que, aunque Estados Unidos es un socio estratégico, también es un vecino con el que México comparte más de 3 mil kilómetros de frontera, lo que obliga a mantener una relación basada en el respeto y la cooperación. No obstante, advirtió que cualquier intento de injerencia será señalado oportunamente.