Más de 2,700 unidades de mototaxi se movilizaron este día a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para exigir la regularización del denominado Transporte de Barrio, mediante una iniciativa de ley que reconozca sus derechos laborales, sociales y económicos.

La movilización estuvo acompañada por la entrega de 250 mil firmas ciudadanas, recabadas como muestra de respaldo social a un sector que diariamente brinda servicio de movilidad en comunidades donde el transporte público tradicional resulta insuficiente o no tiene cobertura.

En respuesta a la protesta, el diputado federal Gabriel García Hernández recibió en el recinto legislativo a representantes del gremio y encabezó una mesa de trabajo con autoridades federales, entre ellas funcionarios de la Secretaría de Gobernación y representantes del Gobierno del Estado de México, con el objetivo de escuchar sus demandas y abrir una ruta institucional de atención.

Durante el encuentro fue presentado el Plan de Justicia para el Transporte de Barrio, integrado por 12 puntos orientados a avanzar en la regularización del sector y mejorar las condiciones de quienes prestan este servicio. Entre las principales propuestas destacan acceso a seguridad social, crédito, vivienda, aseguramiento, capacitación y profesionalización.

El legislador subrayó que se trata de una iniciativa ciudadana y no partidista.

“Aclaro, esto no es partidario, aunque yo pertenezco a un partido que respeto, admiro y tengo convicción de estar ahí, este es un esfuerzo ciudadano e independiente”, expresó.

Gabriel García señaló que durante recorridos territoriales escuchó denuncias de operadores que aseguran haber sido utilizados políticamente sin atender sus necesidades reales, por lo que asumió el compromiso de servir como enlace entre el gremio y las autoridades correspondientes.

Por su parte, representantes del sector afirmaron que la movilización también busca mejorar el servicio que ofrecen diariamente a miles de usuarios, especialmente en zonas con pocas alternativas de transporte, además de poner fin a la discriminación y estigmatización que enfrentan.

“Merecemos derechos y merecemos reconocimiento”, señalaron.

Finalmente, reiteraron que las 250 mil firmas entregadas reflejan el respaldo de usuarios, trabajadores y familias que consideran necesario contar con un marco legal que reconozca esta actividad y garantice seguridad, orden y derechos para quienes dependen de ella.