El jurista y abogado penalista Gabriel Regino realizó un análisis sobre la acusación que enfrentan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cázarez ante autoridades de Estados Unidos, explicando de manera sencilla cómo funciona la figura de “conspiración” dentro del sistema de justicia estadounidense y por qué la Fiscalía norteamericana considera que ambos habrían formado parte de una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa.

Gabriel Regino explicó que, bajo las leyes federales de Estados Unidos, una persona no necesita transportar droga, operar laboratorios o cruzar narcóticos para ser acusada de narcotráfico. Lo que la Fiscalía busca demostrar es que existió un acuerdo consciente para ayudar al funcionamiento del grupo criminal. Según la hipótesis presentada por fiscales estadounidenses, Rocha Moya e Inzunza habrían aportado protección política e institucional para favorecer las operaciones de la facción de “Los Chapitos”, a cambio de apoyo electoral y permanencia en el poder.

El abogado detalló que la acusación sostiene que, antes de la elección de 2021 en Sinaloa, presuntamente ocurrió una reunión entre Rocha Moya y líderes del grupo criminal, donde se habría pactado apoyo político y protección institucional. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Enrique Inzunza habría fungido como operador y enlace entre el gobierno estatal y los integrantes del cártel, ayudando a mantener comunicación y acuerdos relacionados con nombramientos, protección y operación política.

Uno de los puntos que destacó Gabriel Regino es que en Estados Unidos este tipo de casos se construyen no solamente con testimonios, sino con documentos, registros financieros, listas de pagos, comunicaciones y otros elementos que permitan respaldar las declaraciones de testigos protegidos. En este contexto, señaló que el testimonio de Ovidio Guzmán López podría convertirse en una pieza clave, debido a que, tras declararse culpable y colaborar con autoridades estadounidenses, tendría información directa sobre las reuniones y acuerdos mencionados en la acusación.

El penalista también explicó que la Fiscalía de Nueva York busca demostrar que parte de las estructuras del gobierno de Sinaloa habrían sido utilizadas para facilitar actividades del narcotráfico, lo que en términos simples significa que el aparato institucional habría funcionado como una herramienta de apoyo para la organización criminal. Además, recordó que las autoridades estadounidenses pueden intervenir legalmente en este tipo de asuntos cuando consideran que las drogas producidas o protegidas terminan afectando directamente a territorio norteamericano.

Finalmente, Gabriel Regino advirtió que este caso podría abrir una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, particularmente por el alcance de las investigaciones y la posibilidad de que las autoridades norteamericanas amplíen las indagatorias hacia otros actores políticos o estructuras de poder vinculadas presuntamente con organizaciones criminales.