El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una fuerte denuncia contra el gobierno de Morena en el Estado de México, luego de que los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía, integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fueran detenidos por policías municipales de Tecámac mientras realizaban labores periodísticas y documentaban información en el municipio mexiquense.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el también senador priista acusó al oficialismo de utilizar corporaciones policiacas para intimidar y frenar el trabajo de periodistas que exhiben presuntos actos de corrupción y abusos de poder. Moreno Cárdenas exigió al gobierno mexiquense explicar quién dio la orden de detener a los comunicadores y bajo qué argumentos se utilizó a elementos de seguridad pública contra representantes de medios de comunicación que únicamente realizaban su trabajo informativo.

La denuncia volvió a colocar bajo cuestionamiento al gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, particularmente por las crecientes acusaciones sobre presiones, intimidaciones y hostigamiento hacia periodistas y medios críticos de la administración estatal. Diversos sectores políticos y periodísticos han señalado reiteradamente al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, como uno de los principales operadores políticos detrás de decisiones encaminadas a contener información incómoda para Morena y ejercer presión sobre comunicadores que investigan temas relacionados con corrupción, seguridad y manejo político en la entidad.

En su posicionamiento, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que cuando el poder utiliza la fuerza pública para intentar silenciar a periodistas, se pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. “Les incomoda la libre expresión cuando exhibe la corrupción y los abusos. Por eso persiguen, censuran y presionan a quienes investigan”, señaló el dirigente nacional priista, quien además exigió la liberación inmediata de los comunicadores y garantías plenas para el ejercicio periodístico.

El caso ha generado preocupación entre sectores de la oposición y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, al considerar que la detención de periodistas mientras realizan coberturas informativas representa un grave precedente en una entidad donde, acusan, el aparato gubernamental cada vez muestra mayor intolerancia hacia la crítica y el escrutinio público. Para diversos actores políticos, la utilización de cuerpos policiacos contra periodistas refleja un clima de presión institucional que contradice los principios democráticos y vulnera derechos fundamentales.

Finalmente, el dirigente nacional del PRI sostuvo que México no puede permitir que desde el poder se normalicen prácticas de intimidación contra la prensa. “Si el poder usa la fuerza para callar, deja de servirle a la gente. A México no lo van a someter al silencio”, sentenció Alejandro Moreno Cárdenas, al advertir que la libertad de expresión y el trabajo periodístico deben protegerse frente a cualquier intento de censura o persecución política.