Ciudad de México.- María del Carmen N., mujer diagnosticada desde 2020 con Esclerosis Múltiple Recurrente Progresiva Secundaria, enfermedad neurodegenerativa que actualmente la mantiene con severas limitaciones motrices y condición de semi parálisis, denunció ser víctima de presunta violencia física, psicológica, emocional y económica por parte de su esposo, Gerardo Larrauri Escobar, identificado como asesor del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar y ex integrante del equipo técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, las agresiones y el maltrato en su contra comenzaron a intensificarse tras descubrir una presunta relación extramarital de Gerardo Larrauri Escobar con una joven de 21 años que realizaba servicio social en la Cámara de Diputados, donde él se desempeñaba como Secretario Técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Según la versión de María del Carmen N., la joven habría quedado embarazada y posteriormente se practicó un aborto inducido con medicamento.

La víctima sostiene que, tras confrontar a su esposo, inició un periodo de violencia constante caracterizado por insultos, amenazas relacionadas con la custodia de sus hijos, humillaciones por su condición médica y presuntas agresiones físicas, entre ellas golpes en el rostro y una patada en la pierna. María del Carmen N. asegura que debido al avance de la esclerosis múltiple enfrenta dificultades severas para caminar, mantenerse en pie y utilizar con normalidad sus extremidades, situación que —afirma— habría sido utilizada por Gerardo Larrauri Escobar para ejercer violencia emocional y psicológica en su contra.

El caso podría encuadrar en delitos relacionados con violencia familiar y violencia contra la mujer en condición de vulnerabilidad, contemplados tanto en el Código Penal de la Ciudad de México como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Especialistas señalan que, aun cuando las agresiones físicas hayan ocurrido semanas atrás, la víctima conserva el derecho de denunciar debido a la continuidad de la violencia psicológica, emocional y económica denunciada, además de la existencia de posibles evidencias médicas, fotografías y antecedentes terapéuticos.

La denunciante pidió la intervención de las autoridades y organismos de protección a mujeres y derechos humanos para salvaguardar su integridad y la de sus hijos, ante el temor de que las agresiones continúen y el caso permanezca en la impunidad.