La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, defendió la iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que representa una nueva etapa democrática para el país y busca perfeccionar el modelo de elección de jueces, magistrados y ministros a partir de la experiencia obtenida durante el proceso judicial de 2025.

Durante la entrega formal de la iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alcalde Luján sostuvo que la reforma judicial nació de la necesidad de acercar las instituciones de justicia a la ciudadanía y combatir las causas estructurales de la impunidad. Afirmó que la elección judicial realizada en 2025 confirmó la viabilidad del modelo, aunque también evidenció áreas de oportunidad para hacerlo más eficiente, accesible y comprensible para la población.

La funcionaria explicó que uno de los principales puntos de la propuesta es trasladar la elección judicial al año 2028, debido a la alta carga electoral prevista para 2027, además de simplificar el ejercicio del voto mediante boletas más claras y fáciles de entender. Indicó que el nuevo diseño permitirá identificar con precisión el poder que postula a cada candidatura y las especialidades de los aspirantes, con el objetivo de garantizar un voto más informado y ordenado.

Asimismo, detalló que la iniciativa contempla fortalecer los Comités de Evaluación mediante la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios y requisitos en los procesos de selección de candidaturas judiciales. También señaló que la propuesta incluye la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse de manera concurrente con los procesos electorales ordinarios, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales correspondientes.

Luisa María Alcalde aseguró que las modificaciones planteadas buscan consolidar un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, con mejores mecanismos de organización y representación democrática. Finalmente, indicó que será el Congreso de la Unión el encargado de analizar, debatir y determinar el futuro de la iniciativa presidencial.