La Fiscalía General de la República confirmó públicamente que ya realiza diligencias ministeriales dentro de dos investigaciones de alto impacto político y judicial que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. A través de un posicionamiento difundido en su cuenta oficial de X, la FGR informó que, derivado de las acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra diez ciudadanos mexicanos vinculados al estado de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya, las personas señaladas están siendo citadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal para avanzar en las investigaciones “con seriedad y exhaustividad”.

El anuncio representa el primer reconocimiento oficial de la Fiscalía sobre actuaciones directas relacionadas con el caso del mandatario sinaloense, cuya figura ha permanecido en el centro de una creciente polémica nacional e internacional por los señalamientos sobre presuntos vínculos entre estructuras políticas de Sinaloa y organizaciones del narcotráfico. Durante meses, la oposición y diversos sectores sociales habían acusado a las autoridades federales de proteger políticamente a Rocha Moya, mientras otros actores políticos enfrentaban actuaciones inmediatas por parte de la Fiscalía. Ahora, con el comunicado oficial, aumenta la expectativa pública para que las investigaciones avancen realmente hasta sus últimas consecuencias y no terminen convertidas en simples actos de simulación política o control de daños institucional.

En el mismo comunicado, la FGR detalló que en el caso de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el exfiscal estatal fueron citados en calidad de testigos para rendir entrevista ministerial relacionada con el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril pasados. La Fiscalía argumentó que dichas comparecencias derivan de la cadena de mando de los servidores públicos involucrados en el operativo. Sin embargo, la actuación federal sigue provocando fuertes críticas políticas y jurídicas por la percepción de un trato diferenciado entre gobiernos opositores y figuras cercanas al oficialismo. Diversos sectores insisten en que la credibilidad de la FGR dependerá de que actúe con el mismo rigor contra todos los implicados, particularmente en el caso de Rubén Rocha Moya, a quien dentro y fuera de México múltiples voces han señalado como símbolo de la presunta protección política hacia figuras vinculadas al crimen organizado.