CCO Noticias – Mayo 23 – 2026. – La confrontación entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación escaló a un terreno constitucional luego de que especialistas en derecho público y actores políticos comenzaran a advertir que el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República contra la gobernadora Maru Campos podría configurar una invasión de competencias y una violación al pacto federal establecido en la Constitución mexicana. El debate ya no se centra únicamente en la investigación emprendida por la FGR, sino en el alcance que puede tener el uso de instituciones federales contra gobiernos estatales opositores, en medio de acusaciones de persecución política y centralismo desde el poder federal.

Juristas consultados señalan que, aunque la Federación posee facultades para investigar delitos del orden federal, existen límites constitucionales precisos cuando se trata de gobernadores en funciones, particularmente por las disposiciones relacionadas con el fuero constitucional y los procedimientos especiales de declaratoria de procedencia. Bajo ese criterio, la discusión jurídica se enfoca en determinar si la Fiscalía actuó respetando el equilibrio entre poderes y competencias o si incurrió en una utilización facciosa de las instituciones de justicia para ejercer presión política sobre un gobierno estatal. Los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución son los principales fundamentos invocados en este tipo de controversias, al establecer que México se constituye como una República federal integrada por estados libres y soberanos en su régimen interior.

En el ámbito político, el caso ha comenzado a ser interpretado como una nueva señal de deterioro del federalismo mexicano. Expertos advierten que el argumento de fondo no radica en una eventual separación de Chihuahua de la Federación —tesis que carece de viabilidad constitucional—, sino en la presunta ruptura del equilibrio federal por parte del Gobierno central mediante el uso de órganos federales contra administraciones estatales opositoras. Ante ello, el gobierno de Chihuahua podría recurrir a mecanismos constitucionales como controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones legales por violación a la soberanía estatal e incluso recursos internacionales por presunto uso político de las instituciones de procuración de justicia. El caso revive viejas tensiones sobre centralismo, control político y concentración del poder en México.