Por Daniel Lee

En medio del debate legislativo sobre las iniciativas y dictamenes para frenar la intervención extranjera y regular la nulidad electoral, la organización binacional Fuerza Migrante lanzó una enérgica advertencia al Congreso de la Unión: la defensa de la soberanía nacional no puede construirse excluyendo ni criminalizando a los millones de mexicanos que viven fuera del país.

A través de un posicionamiento firme, la organización reconoció la urgencia de actualizar el marco jurídico mexicano frente a las nuevas amenazas globales —como el financiamiento ilícito, la manipulación algorítmica y las campañas de desinformación transnacionales—. Sin embargo, alertaron que la ambigüedad de las propuestas actuales pone en grave riesgo la participación política y civil de la comunidad migrante.

Ante este escenario, la organización hizo un llamado urgente a los legisladores para abrir de inmediato un proceso de diálogo técnico, jurídico y parlamentario. El objetivo es blindar las leyes contra amenazas externas reales, garantizando al mismo tiempo que no se destruyan los mecanismos democráticos de los mexicanos en el extranjero.

El peligro de la sospecha jurídica
El punto central de la exigencia es trazar una línea divisoria tajante entre la injerencia ilegal de un gobierno u organización extranjera y el ejercicio legítimo de los derechos de la diáspora mexicana. Fuerza Migrante denunció que las definiciones redactadas en los dictámenes son tan amplias que podrían interpretarse de manera discrecional, dejando bajo sospecha actividades fundamentales de las comunidades binacionales.

«No somos actores ajenos a la nación, no constituimos gobiernos extranjeros y no representamos una amenaza a la democracia mexicana», sentenció la organización, rechazando de forma contundente que se equipare su organización comunitaria, académica o cívica con actos de intervención ilícita.

Entre los focos rojos detectados por la organización que podrían ser objeto de interpretaciones restrictivas o persecución jurídica se encuentran:

Mecanismos de participación y articulación social comunitaria.

Redes digitales de información y foros públicos de debate.

Procesos de observación electoral y cooperación internacional.

Espacios académicos de carácter internacional.
Soberanía sin exclusión

FuerzaMigrante recordó que el Estado mexicano ha reconocido gradualmente los derechos político-electorales y la ciudadanía transnacional de quienes residen en el exterior tras décadas de lucha.

Por ello, calificaron como un retroceso histórico que el combate a la injerencia extranjera termina traduciéndose en restricciones indirectas a su representación política.

«La soberanía nacional y la ciudadanía transnacional no deben entenderse como conceptos opuestos», concluyó la binacional, dejando la moneda en el aire para un Poder Legislativo obligado a proteger al país sin borrar de la democracia a sus propios ciudadanos.

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