Por Daniel Lee

Insisto en este tema, porque es de la mayor relevancia: La política migratoria de Donald Trump dejó de ser únicamente una estrategia de control fronterizo para convertirse en una maquinaria sistemática de castigo contra la infancia.

Los datos hablan por sí solos: más de seis mil niños encarcelados desde el inicio de su segundo mandato, más de 205 mil menores afectados por la detención de uno o ambos padres y miles de familias fracturadas por una política que utiliza deliberadamente el miedo como herramienta de disuasión. Detrás de los discursos sobre “seguridad nacional” y “defensa de la soberanía” se esconde una realidad mucho más grave: la criminalización de la niñez migrante.

La separación de familias, el confinamiento de menores y la prolongación ilegal de detenciones forman parte de una estrategia diseñada para enviar un mensaje de terror a millones de migrantes. La lógica es simple y profundamente cruel: hacer insoportable la vida de las familias extranjeras para obligarlas a abandonar el país o impedir que otras intenten llegar. La política migratoria estadounidense ha cruzado así una línea moral que ningún Estado democrático debería permitirse.

Resulta especialmente indignante que estas prácticas ocurran en el único país del mundo que aún no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Mientras Washington se presenta ante el planeta como defensor de la libertad y los derechos humanos, dentro de sus fronteras miles de menores son tratados como prisioneros.

Niños encerrados durante semanas o meses, instalaciones insalubres, alimentos contaminados, ausencia de atención médica adecuada y trauma psicológico severo son parte del paisaje cotidiano de estos centros de detención. La contradicción es por demás cruda: la nación que pretende erigirse como ejemplo democrático es incapaz de garantizar los derechos más básicos de la infancia migrante.

Las consecuencias humanas son irreparables. Psicólogos, pediatras y organismos defensores de derechos humanos han advertido durante años que el encarcelamiento y la separación familiar provocan daños emocionales permanentes. Un niño que presencia cómo esposan o golpean a sus padres difícilmente olvidará esa escena. Un menor encerrado tras barrotes, sin comprender por qué está preso, aprende demasiado pronto que para ciertos gobiernos su existencia vale menos que un cálculo político.

Cuando una niña de siete años pregunta “¿qué crimen cometí para ser prisionera?”, no interpela solamente a su madre; interpela a toda una sociedad que ha normalizado el sufrimiento infantil como instrumento de política pública.

Más grave aún es que muchas de estas prácticas violan incluso la propia legislación estadounidense. El acuerdo Flores de 1997 prohíbe mantener detenidos a menores por más de veinte días y establece condiciones mínimas de bienestar. Sin embargo, cientos de niños han permanecido encarcelados durante meses. La ley existe, pero el gobierno la ignora porque sabe que el castigo ejemplarizante contra los migrantes produce réditos políticos entre sectores nacionalistas y xenófobos. La migración dejó de abordarse como un fenómeno social y humanitario para convertirse en espectáculo electoral.

El papel de figuras como Stephen Miller confirma esa intención deliberada. La idea de que las familias pueden “autodeportarse” si no desean permanecer detenidas revela el nivel de deshumanización que domina la política migratoria actual. No se ofrece protección ni justicia: se impone sufrimiento para quebrar psicológicamente a las personas. Bajo esa lógica, los niños no son sujetos de derechos, sino instrumentos de presión política.

Sin embargo, tan alarmante como las acciones del gobierno estadounidense es el silencio internacional. Los 196 países firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño han reaccionado con tibieza frente a violaciones que serían condenadas con firmeza si ocurrieran en cualquier nación adversaria de Washington. También los gobiernos latinoamericanos han mostrado una pasividad preocupante, pese a que miles de los menores encarcelados provienen de sus países. La defensa de los derechos humanos parece perder fuerza cuando el responsable es la principal potencia mundial.

La historia juzgará con severidad esta etapa. Porque ningún argumento sobre fronteras, seguridad o legalidad puede justificar el encarcelamiento de niños ni la destrucción deliberada de familias. Cuando un Estado convierte el trauma infantil en política pública, deja de defender la ley y comienza a erosionar los principios básicos de humanidad. Y cuando el mundo observa en silencio, se vuelve cómplice de esa barbarie.

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