La Diputación Permanente del Congreso del Estado de México aprobó una de las reformas constitucionales más amplias de los últimos años en la entidad, al declarar válida la minuta de proyecto de decreto que incorpora nuevas disposiciones orientadas a fortalecer la austeridad republicana, mejorar la eficiencia en el gasto público, reconfigurar el proceso electoral y prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva en diversos cargos de elección popular.

La sesión fue presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, integrante de Morena, quien confirmó la aprobación del dictamen luego de que la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses avalaron las modificaciones constitucionales, requisito indispensable para concretar cambios a la Carta Magna estatal.

La reforma representa una adecuación local a las recientes modificaciones constitucionales promovidas a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del paquete político conocido como “Plan B”, y busca establecer nuevas reglas en materia electoral, administrativa y de control del gasto público.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el adelanto del inicio del proceso electoral en el Estado de México. Hasta ahora, dicho proceso arrancaba en enero del año de la elección; sin embargo, con las nuevas disposiciones comenzará en septiembre del año previo a la jornada electoral. Además, se establece que el Congreso estatal deberá expedir la convocatoria para elecciones ordinarias a más tardar el 15 de septiembre del año anterior a los comicios.

El nuevo esquema también contempla cambios significativos en la integración de los ayuntamientos. A partir de esta reforma, los gobiernos municipales estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, cuyo número dependerá directamente de la población de cada municipio. Asimismo, se establece que la integración deberá respetar los principios de paridad de género vertical y horizontal, además de garantizar la perspectiva de género y la igualdad sustantiva.

En materia legislativa, las modificaciones constitucionales eliminan la posibilidad de reelección inmediata para las diputaciones locales. De esta manera, las y los legisladores propietarios no podrán contender para el periodo inmediato posterior al término de su encargo. No obstante, las personas suplentes sí podrán participar como candidatas propietarias en la siguiente elección, siempre y cuando no hayan ejercido funciones legislativas durante el periodo correspondiente.

La reforma también cierra la puerta a prácticas consideradas como nepotismo electoral. En adelante, ninguna persona podrá participar en la elección de una diputación, gubernatura o cargo municipal si mantiene o mantuvo, durante los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad, afinidad o relación civil con quien se encuentre ejerciendo el cargo correspondiente.

De acuerdo con el nuevo texto constitucional, las restricciones abarcan parentescos en línea recta sin limitación de grado, así como relaciones colaterales hasta cuarto grado y de afinidad hasta segundo grado. Con ello, el Congreso mexiquense busca impedir la transmisión de cargos públicos entre familiares cercanos y fortalecer los principios de imparcialidad y equidad democrática.

En el caso de los ayuntamientos, la reforma establece que las personas que hayan ocupado presidencias municipales, sindicaturas o regidurías tampoco podrán reelegirse para el mismo cargo en el periodo inmediato siguiente. Además, quienes hayan sido electos como propietarios no podrán postularse posteriormente como suplentes, mientras que los suplentes sí podrán aspirar a ser propietarios, siempre que no hayan ejercido el cargo.

Aunque las disposiciones sobre nepotismo y reelección consecutiva ya quedaron integradas a la Constitución mexiquense, su aplicación entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2030.

Otro de los ejes centrales de la reforma es la política de austeridad y control salarial dentro de la administración pública estatal. El nuevo marco constitucional establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración superior a la asignada a la titular del Poder Ejecutivo estatal.

La medida incluye específicamente a consejerías y magistraturas electorales, así como a titulares de áreas técnicas, ejecutivas y administrativas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). Asimismo, se prohíbe que dichos funcionarios contraten con recursos públicos seguros de gastos médicos privados, seguros de vida especiales, sistemas de retiro extraordinarios, cajas de ahorro exclusivas u otras prestaciones no previstas expresamente en la ley.

En cuanto al Poder Legislativo, la reforma fija un límite presupuestal para el Congreso mexiquense, cuyo gasto anual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal correspondiente al ejercicio fiscal en turno. La disposición busca reforzar las medidas de racionalidad administrativa y contención del gasto dentro del Poder Legislativo.

El dictamen aprobado incorporó diversas iniciativas impulsadas por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Entre los promoventes destacan los coordinadores parlamentarios José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Óscar González Yáñez, así como propuestas adicionales de la diputada María José Pérez Domínguez, del legislador Octavio Martínez Vargas y de la bancada del PVEM.

La lectura de la minuta estuvo a cargo del diputado Román Francisco Cortés Lugo, también integrante de Morena, mientras que la diputada Martha Camacho formalizó la declaratoria de aprobación constitucional al confirmar el respaldo de la mayoría de los cabildos mexiquenses.