El Poder Judicial de la Federación inauguró la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en el municipio indígena de Hueyapan, Morelos, como parte de una estrategia nacional para acercar los servicios de justicia a comunidades indígenas y afromexicanas, fortaleciendo así el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Durante la ceremonia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, calificó como un hecho inédito la instalación de este espacio jurídico especializado y afirmó que representa un avance importante en la construcción de un modelo de justicia más incluyente, cercano y respetuoso de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

El ministro señaló que, durante décadas, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron excluidos de la Constitución, de las leyes y de las políticas públicas, situación que, aseguró, ha comenzado a transformarse con el reconocimiento pleno de sus derechos dentro del marco constitucional mexicano.

“Hoy la situación es completamente distinta”, sostuvo Aguilar Ortiz, al destacar que las comunidades indígenas cuentan ahora con reconocimiento jurídico pleno y, por tanto, deben ser atendidas por todas las instituciones del Estado mexicano bajo criterios de respeto cultural y acceso efectivo a la justicia.

Explicó que uno de los principales retos para los defensores públicos federales será interpretar la ley conforme a la realidad social y cultural de cada comunidad, evitando imponer criterios ajenos a sus formas de organización y convivencia. En ese sentido, afirmó que la labor de esta Casa de Asesoría será traducir la institucionalidad jurídica a los pueblos originarios y, al mismo tiempo, permitir que las instituciones comprendan la cosmovisión y las prácticas comunitarias indígenas.

Por su parte, el integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial, José Alberto Gallegos Ramírez, destacó que este proyecto coloca a las comunidades indígenas y afromexicanas en el centro de la política pública judicial, al garantizar acompañamiento jurídico profesional con pertinencia cultural y territorial.

Subrayó que la ubicación de la Casa de Asesoría en Hueyapan permitirá que habitantes de comunidades cercanas de Morelos y Puebla puedan acceder a servicios legales sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades, facilitando así el acceso a mecanismos de defensa y representación jurídica.

En el acto también participó la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien reconoció el respaldo que el Poder Judicial de la Federación ha brindado a la entidad para mejorar la impartición de justicia y fortalecer la atención en comunidades indígenas que históricamente han defendido su cultura, territorio y formas de organización.

La mandataria estatal afirmó que la instalación de esta Casa de Asesoría representa un paso relevante para garantizar justicia cercana y accesible para los pueblos originarios de Morelos.

A su vez, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, aseguró que este espacio simboliza el reconocimiento de que la justicia debe comprender la lengua, identidad y cosmovisión de cada comunidad.

Indicó que la justicia no puede limitarse únicamente a la presencia de juzgados o defensores, sino que también debe reflejarse en sentencias, normas y resoluciones comprensibles para todos los pueblos y comunidades del país.

La diputada Guillermina Maya Rendón destacó que la nueva Casa de Asesoría fortalece el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad de México y de los derechos políticos, económicos y sociales de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Finalmente, la concejal del municipio indígena de Hueyapan, Araceli Tapia Hernández, afirmó que este espacio representa un paso firme hacia una justicia con pertenencia cultural, donde las comunidades puedan ser escuchadas y defendidas con dignidad y respeto.

Al evento acudieron además el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; la integrante del mismo órgano, Catalina Ramírez Hernández; el ministro Irving Espinosa Betanzo; y el magistrado Rufino H León Tovar.