El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó formalmente una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para exigir la cancelación del proyecto de la planta de amoniaco instalada en Topolobampo, Sinaloa, al advertir graves riesgos ambientales, afectaciones a comunidades indígenas y posibles daños irreversibles al ecosistema de la Bahía de Ohuira.

En el documento entregado a la autoridad ambiental, Máynez acusa a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), asociada con la firma internacional Proman, de impulsar un megaproyecto industrial que amenaza uno de los humedales más importantes del país, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su riqueza ecológica y biodiversidad marina.

La denuncia sostiene que la construcción y operación de la planta podría provocar desequilibrios ecológicos severos, contaminación marina, alteraciones en manglares, afectaciones a especies protegidas y un impacto devastador para la actividad pesquera de la región, particularmente en la producción camaronera, considerada una de las principales fuentes económicas del norte de Sinaloa.

Movimiento Ciudadano advirtió que el proyecto contempla dragados masivos, infraestructura industrial de gran escala y operaciones permanentes durante al menos 50 años dentro de un ecosistema altamente sensible, donde habitan especies marinas, aves migratorias y fauna protegida bajo normas ambientales nacionales e internacionales.

Además, la denuncia recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó previamente un amparo a comunidades indígenas Mayo-Yoreme al considerar que el proyecto fue autorizado sin garantizar una consulta previa, libre e informada, como exige la Constitución y los tratados internacionales.

El dirigente emecista también retomó las alertas emitidas por relatores de Naciones Unidas, quienes en 2025 expresaron preocupación por posibles violaciones a derechos humanos, daños ambientales, amenazas contra defensores del territorio y riesgos para la salud y el equilibrio ecológico de la Bahía de Ohuira.

En su recurso legal, Máynez exige a la PROFEPA realizar inspecciones inmediatas en la zona, emitir un dictamen técnico sobre el impacto ambiental generado y ordenar la cancelación definitiva del proyecto, además de obligar a las empresas responsables a implementar acciones de restauración ecológica y reparación ambiental.

La denuncia sostiene que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y acusa que las autoridades han permitido avances del proyecto pese a los señalamientos de comunidades pesqueras, organizaciones ambientalistas y organismos internacionales.

Movimiento Ciudadano advirtió que no se puede permitir que intereses económicos y megaproyectos industriales se impongan sobre los derechos de las comunidades, la biodiversidad y la preservación de uno de los ecosistemas costeros más importantes del país.