Ciudad de México.- El senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández González, expresó su respaldo a la solicitud de juicio político presentada por legisladores de su partido en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al considerar que cualquier señalamiento relacionado con el posible desvío o triangulación de recursos públicos debe investigarse a fondo y con total apego a la ley.

El legislador sostuvo que la rendición de cuentas debe ser una obligación permanente para cualquier servidor público y afirmó que cuando existen dudas razonables sobre el destino de recursos que pertenecen a la ciudadanía, las instituciones están obligadas a actuar para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“La exigencia de transparencia, legalidad y rendición de cuentas debe mantenerse firme cuando están en juego recursos que pertenecen al pueblo. Cuando hay dudas legítimas sobre el destino del dinero de las y los ciudadanos, la respuesta no puede ser el silencio, sino el esclarecimiento institucional”, señaló.

Se encontraba en Michoacán durante la presentación del recurso

Waldo Fernández explicó que no pudo acudir personalmente a la presentación formal de la solicitud de juicio político debido a que se encontraba en una gira de trabajo en Michoacán junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El senador detalló que previamente participó en las actividades relacionadas con la jornada electoral celebrada el domingo en Coahuila y que posteriormente se trasladó a territorio michoacano para atender compromisos institucionales.

“Estuve ayer en Coahuila acompañando la jornada electoral y este lunes me encuentro en Michoacán en una agenda de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Por eso no pude acompañar personalmente la presentación de la solicitud, pero la respaldo plenamente”, puntualizó.

Morena pide investigar presuntas triangulaciones por 140 millones de pesos

La solicitud de juicio político promovida por Morena ante el Congreso de Nuevo León se sustenta en señalamientos sobre un presunto esquema de triangulación de recursos públicos que habría involucrado aproximadamente 140 millones de pesos.

De acuerdo con la información difundida por legisladores morenistas, alrededor de 90 millones de pesos habrían sido transferidos entre agosto de 2025 y febrero de 2026 al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, vinculado presuntamente al entorno familiar del mandatario estatal.

Asimismo, se sostiene que otros 50 millones de pesos habrían sido canalizados mediante operadores financieros y procesadoras de pago con el objetivo de dificultar el rastreo de los recursos, además de que parte de dichos fondos habrían sido utilizados para esquemas de promoción personalizada.

Ante estos señalamientos, Morena considera que existen elementos suficientes para que el Congreso local active el procedimiento constitucional correspondiente y determine si hubo una afectación al patrimonio público y a los intereses de los ciudadanos de Nuevo León.

Nadie debe estar por encima de la ley, afirma senador

Fernández insistió en que cualquier investigación relacionada con posibles actos de corrupción debe desarrollarse sin sesgos políticos y bajo criterios estrictamente institucionales, privilegiando siempre la legalidad y la transparencia.

Indicó que la sociedad demanda cada vez más gobiernos abiertos y responsables, por lo que las autoridades deben responder con claridad cuando surgen cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.

“Cuando existen dudas legítimas sobre el manejo del dinero público, la respuesta no puede ser la evasión ni la descalificación. Lo que corresponde es que las instituciones investiguen y determinen si hubo o no responsabilidades”, sostuvo.

Llama a fortalecer instituciones y combatir la corrupción

El senador de Morena señaló que las experiencias políticas recientes han demostrado la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y mantener la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del poder.

En ese contexto, aseguró que continuará respaldando las acciones legales e institucionales orientadas a esclarecer posibles actos de corrupción y garantizar que ningún funcionario público quede exento de rendir cuentas.

“En Nuevo León nadie debe estar por encima de la ley. Vamos a seguir acompañando todas las acciones que permitan esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos se administren con transparencia y responsabilidad”, concluyó Waldo