Por Saúl Monreal Ávila

La importancia de esta reforma cobra especial relevancia de cara al proceso electoral de 2027.

La aprobación de la reforma que establece mecanismos de verificación para identificar posibles vínculos entre candidatos a cargos de elección popular y organizaciones criminales representa un avance histórico para la vida democrática de nuestro país. Con la aprobación de esta medida se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones electorales y, además, cierra de tajo espacios a cualquier intento de infiltración del crimen organizado en la política.

Desde hace tiempo, pero específicamente en los últimos meses, la sociedad mexicana ha manifestado una preocupación legítima respecto a la posibilidad de que intereses criminales intenten influir en procesos electorales o acercarse a quienes buscan ocupar responsabilidades públicas, y está bien atender esa preocupación, pues la sola existencia de dudas o sospechas daña la credibilidad de las instituciones y debilita la confianza de los ciudadanos.

Por ello, la aprobación de esta reforma constituye una respuesta responsable a una demanda social que la gente exigía, aunque la oposición aun no lo reconoce como algo verdaderamente importante. Y es que la oposición está seriamente extraviada: si haces, porque haces, si no lo haces, porque no lo haces, su idea es rechazar todo.

Esta nueva legislación no busca sustituir a las autoridades judiciales ni vulnerar derechos fundamentales. Su propósito es fortalecer los filtros institucionales para que los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía cuenten con mayores elementos de certeza sobre quienes aspiran a representar al pueblo de México. Veamos si los partidos meten a sus candidatos en los filtros, especialmente el PRIAN.

La importancia de esta reforma cobra especial relevancia de cara al proceso electoral de 2027. Gracias a este nuevo marco legal, los ciudadanos podrán acudir a las urnas con mayores garantías de que existen mecanismos institucionales orientados a detectar riesgos y prevenir que personas vinculadas con actividades ilícitas puedan aprovechar los procesos electorales para obtener espacios de poder.

Asimismo, la aprobación de esta reforma envía un mensaje contundente dentro y fuera de nuestras fronteras. México está demostrando que enfrenta el desafío del crimen organizado de manera integral. No solamente mediante acciones de seguridad, inteligencia financiera o combate al tráfico de drogas, sino también fortaleciendo los mecanismos que protegen la limpieza de los procesos democráticos.

Este avance también contribuye a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente con Estados Unidos. Desde una posición de plena soberanía y respeto mutuo, nuestro país acredita con hechos que está dispuesto a utilizar todas las herramientas institucionales a su alcance para impedir que las organizaciones criminales obtengan influencia política o acceso a espacios de gobierno. Ello fortalece la confianza entre las autoridades de ambos países y robustece los esfuerzos conjuntos para combatir fenómenos criminales que trascienden fronteras.

Con esto, la democracia mexicana sale fortalecida al elevar los estándares de integridad para quienes aspiran a cargos públicos, se protege el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes y se reafirma un principio fundamental: en México la política debe estar al servicio del pueblo y nunca de intereses criminales.