La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, lanzó un severo señalamiento contra los gobiernos estatal y federal al asegurar que la violencia, la crisis económica y la falta de protección a las voces críticas han convertido a Sinaloa en una entidad donde la población “no vive, sino sobrevive”, en medio de una situación que calificó como alarmante y cada vez más insostenible.

Durante una entrevista, la legisladora sostuvo que el miedo se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los sinaloenses, quienes diariamente salen a trabajar, estudiar o buscar el sustento de sus familias bajo el riesgo permanente de enfrentarse a balaceras, hechos violentos o situaciones derivadas de la creciente inseguridad que afecta a la entidad. A este escenario, dijo, se suma una profunda crisis económica que golpea a productores agrícolas, acuacultores, pescadores, comerciantes, empresarios y miles de familias que enfrentan dificultades para conservar sus empleos.

Gárate Valenzuela también cuestionó los elevados cobros de energía eléctrica y los cortes del servicio realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que, aseguró, está afectando a sectores vulnerables como adultos mayores, niñas, niños y personas enfermas, quienes enfrentan condiciones cada vez más complicadas para sobrellevar las altas temperaturas que caracterizan a gran parte del estado.

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones fue la denuncia sobre la falta de respuesta del Gobierno Federal a las solicitudes de protección que ha realizado durante los últimos años, pese a los diversos hechos que, afirma, han puesto en riesgo su integridad física.

La legisladora recordó que ha sido víctima de diversos episodios de intimidación, entre ellos el robo violento de una camioneta mediante amenazas con armas de fuego, la colocación de una corona fúnebre en el exterior de su domicilio, amenazas derivadas de litigios judiciales y otros actos que considera parte de una campaña sistemática para intentar silenciar su actividad política y sus críticas al desempeño gubernamental.

A pesar de ello, aseguró que las autoridades federales no han determinado otorgarle medidas de protección, aun cuando ha solicitado formalmente análisis de riesgo y ha insistido en la necesidad de garantizar su seguridad. Según explicó, el mensaje detrás de estos actos de intimidación no sólo está dirigido a su persona, sino también a todas las voces críticas que cuestionan las condiciones de seguridad, economía y gobernabilidad que actualmente enfrenta Sinaloa.

La diputada priista afirmó que existe una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad que viven diariamente miles de ciudadanos. Mientras diversos actores políticos se encuentran enfocados en la sucesión gubernamental de 2027, sostuvo que los problemas de fondo continúan agravándose sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

En ese contexto, cuestionó el papel de figuras de Morena que han comenzado a posicionarse rumbo a la próxima contienda por la gubernatura, entre ellas la senadora Imelda Castro y el senador Enrique Inzunza, a quienes responsabilizó de guardar silencio frente a la crisis que atraviesa la entidad. Según su visión, los sinaloenses ya han evaluado el desempeño de quienes actualmente forman parte del grupo gobernante y observan con preocupación que las campañas políticas parecen haber iniciado mientras persisten graves problemas de seguridad y desarrollo económico.

Las declaraciones de Paola Gárate se producen en uno de los momentos más complejos para Sinaloa en los últimos años. Desde hace meses, la entidad enfrenta una escalada de violencia derivada de disputas entre grupos criminales, situación que ha impactado directamente en la actividad económica, la movilidad de la población y la percepción de seguridad en diversas regiones del estado.

Ante este panorama, la legisladora reiteró que continuará denunciando lo que considera omisiones de las autoridades y exigiendo que los gobiernos estatal y federal asuman su responsabilidad en materia de seguridad, justicia y protección a los ciudadanos. Aunque reconoció sentir temor por su vida, aseguró que no abandonará su actividad política ni su presencia en territorio sinaloense.

“Sí tengo miedo, como lo tienen miles de sinaloenses todos los días, pero precisamente por ellos debemos seguir levantando la voz”, sostuvo la diputada, quien insistió en que la crisis que atraviesa el estado exige acciones inmediatas y no discursos que, afirmó, pretenden minimizar una realidad que afecta a millones de personas.