El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República encendió las alertas sobre las recientes reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, al solicitar una revisión exhaustiva de los alcances y facultades que fueron otorgadas a la Guardia Nacional, bajo el argumento de que algunas de ellas podrían exceder lo establecido por la legislación vigente y vulnerar principios constitucionales fundamentales.

A través de un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las senadoras y senadores priistas advirtieron que las modificaciones publicadas el pasado 25 de mayo en el Diario Oficial de la Federación deben ser analizadas a profundidad para garantizar que se encuentren plenamente alineadas con los principios de legalidad, seguridad jurídica, reserva de ley, debido proceso y proporcionalidad que establece la Constitución mexicana.

Los legisladores señalaron que, si bien la seguridad en las carreteras federales constituye una responsabilidad prioritaria del Estado y reconocieron la importancia de las tareas que realiza la Guardia Nacional para combatir la delincuencia y proteger a los usuarios de las vías federales, ello no significa que puedan ampliarse facultades mediante disposiciones reglamentarias sin que exista una autorización expresa del Poder Legislativo.

El punto central de la preocupación del PRI radica en que el nuevo reglamento aparentemente confiere a la Guardia Nacional atribuciones regulatorias y procedimentales cuya base legal no resulta claramente identificable en ordenamientos como la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y demás disposiciones aplicables.

De acuerdo con los legisladores, resulta indispensable determinar si estas nuevas facultades derivan directamente de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión o si, por el contrario, constituyen una expansión reglamentaria que podría exceder los límites de la facultad reglamentaria que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo Federal.

Los senadores recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios jurisprudenciales que los reglamentos tienen como finalidad desarrollar y hacer operativas las disposiciones previstas en las leyes, pero no crear nuevas facultades para las autoridades ni imponer obligaciones, restricciones o mecanismos coercitivos que no hayan sido aprobados previamente por el Poder Legislativo.

En ese sentido, citaron la jurisprudencia P./J. 30/2007 del máximo tribunal del país, la cual establece que la facultad reglamentaria no puede convertirse en una vía para legislar desde la administración pública, ya que ello rompería el equilibrio constitucional entre los poderes del Estado y afectaría el principio de división de poderes.

La preocupación del PRI surge en un contexto nacional donde la Guardia Nacional ha incrementado gradualmente sus responsabilidades en diversas áreas de seguridad pública, control territorial y vigilancia de infraestructura estratégica. Por ello, los legisladores consideran indispensable verificar que cualquier ampliación de facultades cuente con sustento legal expreso y no derive únicamente de disposiciones administrativas.

Los integrantes de la bancada tricolor enfatizaron que su propuesta no busca debilitar las acciones de seguridad en las carreteras federales ni limitar las capacidades operativas de la Guardia Nacional para combatir delitos. Por el contrario, afirmaron que el objetivo es garantizar que todas las actuaciones de la autoridad se desarrollen dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que preservar los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso resulta fundamental para evitar posibles abusos de autoridad y fortalecer el Estado de Derecho, especialmente en temas donde las facultades de inspección, vigilancia y sanción pueden impactar directamente a millones de usuarios que diariamente transitan por las carreteras federales del país.