La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, anunció que presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a suspender de manera inmediata la deshabilitación de líneas telefónicas móviles que no han sido vinculadas con una identificación oficial, medida que podría afectar a cerca de 85 millones de usuarios a partir del próximo 30 de junio.

La legisladora advirtió que México enfrenta el riesgo de una desconexión masiva sin precedentes, debido a que de las más de 144 millones de líneas celulares activas registradas en el país, alrededor de 85 millones permanecen pendientes de cumplir con el proceso de vinculación requerido por las autoridades. De concretarse la medida, millones de personas podrían quedarse sin acceso a servicios esenciales de comunicación, afectando actividades laborales, educativas, comerciales e incluso el acceso a servicios de emergencia.

Barrales sostuvo que la magnitud del número de líneas sin registrar evidencia que el mecanismo implementado por las autoridades no ha alcanzado los niveles de cobertura necesarios y que persisten dudas legítimas respecto a la protección de la privacidad, la intimidad y los datos personales de los ciudadanos. Señaló que la obligación de proporcionar información personal como condición para conservar un servicio de telecomunicaciones genera preocupación entre amplios sectores de la población.

La senadora recordó que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones, constituye un derecho reconocido por la Constitución, por lo que cualquier medida que derive en la suspensión masiva de líneas telefónicas debe analizarse bajo una perspectiva de derechos humanos y de protección a los usuarios.

En ese sentido, la legisladora emecista consideró indispensable que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita un acuerdo que posponga la fecha límite establecida para la vinculación de líneas móviles y permita una transición ordenada que no afecte a millones de mexicanos. Además, señaló que las autoridades deben garantizar mecanismos claros, accesibles y seguros para el cumplimiento de los requisitos, sin poner en riesgo la protección de datos personales de los usuarios.

Alejandra Barrales subrayó que la telefonía móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para la vida cotidiana, especialmente en un país donde millones de personas dependen de sus dispositivos para trabajar, estudiar, realizar operaciones bancarias, acceder a servicios gubernamentales y mantenerse comunicadas con familiares y centros de atención médica. Por ello, insistió en que una desconexión de esta magnitud podría generar consecuencias sociales y económicas de gran alcance.

Finalmente, Movimiento Ciudadano hizo un llamado urgente a las autoridades regulatorias para revisar la medida antes de su entrada en vigor y privilegiar soluciones que garanticen tanto la seguridad de los registros como el respeto irrestricto a los derechos digitales y de comunicación de la población mexicana.