El senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, lanzó una nueva ofensiva política contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de desempeñar un “penoso papel” como “títere de intereses nacionales y extranjeros contra México”. Las declaraciones, difundidas a través de sus redes sociales, se suman a la confrontación política que ambos personajes han mantenido desde hace varios años y que se ha intensificado desde la llegada de Campos al gobierno estatal.

En su mensaje, Corral aseguró que Chihuahua enfrenta retrocesos en diversos indicadores relacionados con deuda pública, pobreza, educación, seguridad, empleo, salud e inversión. Asimismo, calificó a la actual administración estatal como un gobierno “fracasado” y señaló que la corrupción y la impunidad han afectado el desarrollo de la entidad. El legislador también cuestionó el gasto destinado a comunicación social y promoción institucional, al considerar que la imagen proyectada por el gobierno estatal no corresponde a los resultados que, según su valoración, presenta Chihuahua.

Sin embargo, las declaraciones del exgobernador se producen en un contexto político particularmente complejo para su propia figura pública. Corral ha enfrentado diversos señalamientos y acusaciones impulsadas por autoridades chihuahuenses relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas durante su administración estatal. Aunque el senador ha rechazado reiteradamente dichas imputaciones y las ha calificado como una persecución política, el tema continúa siendo parte del debate público en Chihuahua.

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en agosto de 2024, cuando autoridades de Chihuahua intentaron ejecutar una orden judicial en su contra en la Ciudad de México. El hecho generó una fuerte confrontación política y jurídica debido a la intervención de funcionarios de la entonces Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, situación que derivó en acusaciones cruzadas entre autoridades estatales y federales. Mientras el gobierno de Chihuahua sostuvo que existían elementos legales para proceder, Corral argumentó que se trataba de una acción con motivaciones políticas.

Desde entonces, sus adversarios políticos han cuestionado que el hoy senador mantenga una posición crítica permanente hacia gobiernos estatales y actores políticos, mientras enfrenta procesos y controversias derivados de su gestión como gobernador. Sus detractores sostienen que antes de señalar presuntas fallas de otros gobiernos debería aclararse plenamente el estado de las investigaciones relacionadas con su administración, mientras que sus simpatizantes afirman que las acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditarlo políticamente.

La confrontación entre Javier Corral y Maru Campos se ha convertido en uno de los capítulos más intensos de la política chihuahuense de los últimos años. Lo que comenzó como una disputa interna dentro del PAN terminó trasladándose a los tribunales, al debate legislativo y a las redes sociales, donde ambos grupos continúan intercambiando acusaciones sobre corrupción, impunidad y resultados de gobierno.

Por ahora, las nuevas declaraciones del senador vuelven a colocar en el centro de la discusión pública no sólo los resultados de la actual administración estatal, sino también la situación política y jurídica del propio exgobernador, cuya figura sigue generando división y controversia en Chihuahua.