La senadora del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) iniciar una investigación sobre un contrato celebrado entre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Financiera para el Bienestar (Finabien), mediante el cual se habrían realizado pagos identificados como «apoyos sociales» durante el proceso electoral federal de 2024. La legisladora presentó un escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral para que se abra un procedimiento oficioso y, en su caso, se tramite como una queja formal con el propósito de esclarecer el origen, manejo y destino de los recursos involucrados.

La petición se sustenta en documentación oficial, entre ella una cédula de resultados emitida por el Órgano Interno de Control de Finabien en diciembre de 2025, en la que se hace referencia al contrato DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, firmado el 1 de junio de 2022 y prorrogado hasta el 28 de junio de 2024, es decir, varias semanas después de la jornada electoral del 2 de junio de ese año. De acuerdo con el escrito presentado por Viggiano Austria, el convenio contempló la emisión de hasta 252 mil 901 giros nacionales y el pago de aproximadamente 3.5 millones de pesos en comisiones por parte de Morena.

La senadora sostiene que, conforme a la auditoría interna de Finabien, durante la operación del contrato no se habrían aplicado los protocolos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pese a que desde enero de 2023 existían alertas internas sobre posibles riesgos en el manejo de las operaciones. Asimismo, señala que, tras revisar los informes de ingresos, egresos y gastos de campaña presentados por Morena al INE entre 2022 y 2024, no se identificó que dicho contrato ni los recursos dispersados a través del mismo hubieran sido reportados a la autoridad fiscalizadora.

En su escrito, la legisladora priista solicita que el INE despliegue todas las facultades de investigación previstas en la legislación electoral, incluyendo requerimientos de información y documentación a Finabien y a su Órgano Interno de Control, así como el levantamiento de los secretos bancario, fiduciario y fiscal cuando resulte procedente. Además, pide que se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda los reportes relacionados con las operaciones financieras vinculadas al contrato.

De igual forma, Viggiano Austria plantea que, si durante la investigación se detectan posibles irregularidades que rebasen el ámbito electoral, el INE dé vista a las autoridades competentes, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR), para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen la existencia o no de posibles responsabilidades administrativas o penales.

La legisladora afirmó que el propósito de la solicitud es que la autoridad electoral esclarezca con absoluta transparencia el origen, monto y destino de los recursos involucrados, al considerar que la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas electorales constituyen principios fundamentales del sistema democrático mexicano. El caso podría convertirse en un nuevo frente de revisión sobre el financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos, particularmente respecto del uso de recursos durante los procesos electorales.

Hasta el momento, ni el Instituto Nacional Electoral ni Morena han emitido una resolución sobre el fondo de los señalamientos contenidos en la solicitud presentada por la senadora. Corresponderá a la autoridad electoral determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal y, en su caso, establecer si hubo alguna infracción a la legislación en materia de fiscalización de los recursos partidistas.