La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intensificó las investigaciones por una presunta red de corrupción dedicada a la asignación irregular de plazas en la administración estatal, un esquema que, de acuerdo con la autoridad ministerial, habría operado desde 2021 y provocado un daño patrimonial superior a 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026. Las indagatorias alcanzan a 33 personas, entre exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares, quienes son señalados por su probable participación en una estructura que presuntamente utilizó plazas docentes y administrativas para desviar recursos públicos.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la investigación derivó del hallazgo de 459 movimientos irregulares relacionados con altas de personal en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), donde presuntamente fueron registradas personas que nunca desempeñaron funciones docentes o administrativas, pese a aparecer en la nómina gubernamental. Las pesquisas sostienen que varios de los beneficiarios eran incorporados como «aviadores», mientras terceros administraban las cuentas bancarias en las que se depositaban los salarios para posteriormente retirar y distribuir los recursos entre los integrantes de la organización.

La imagen difundida por la FGJEM muestra que las investigaciones involucran a exservidores públicos adscritos a la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar y a una persona identificada como falsa docente. Asimismo, aparecen cinco personas que promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión libradas en su contra, mientras continúan las diligencias judiciales. En el propio material oficial se recuerda que todas las personas investigadas gozan de la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

La carpeta de investigación describe un mecanismo presuntamente diseñado para crear expedientes con documentación incompleta o irregular, dar de alta a supuestos trabajadores en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y asignarlos a centros de trabajo inexistentes o inactivos en municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Texcoco, Tejupilco, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Zumpango, Amecameca, Almoloya de Alquisiras y Zinacantepec, entre otros. Posteriormente, los pagos eran depositados en cuentas bancarias cuyos recursos eran retirados por integrantes de la presunta red, mientras algunos de los beneficiarios recibían únicamente una pequeña cantidad de dinero por prestar su identidad.

Las investigaciones también documentan que algunos operadores realizaban altas de personal durante la madrugada para dificultar su detección y alternaban diferentes cuentas de acceso al sistema con el propósito de ocultar el origen de los movimientos administrativos. La Fiscalía sostiene que existen entrevistas, peritajes, inspecciones, documentos financieros y evidencia digital que integran una carpeta conformada por aproximadamente 30 tomos y más de 12 mil fojas, con las cuales busca acreditar la existencia de una estructura organizada para defraudar al erario estatal.

Como resultado de las primeras acciones judiciales, 26 personas ya fueron vinculadas a proceso, una más permanece en espera de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron amparos para enfrentar el proceso legal. Los imputados enfrentan, entre otros delitos, acusaciones relacionadas con fraude y abuso de autoridad, mientras permanecen sujetos a las determinaciones del Poder Judicial del Estado de México.

La Fiscalía mexiquense ha señalado que las investigaciones continúan abiertas y no descarta que el número de personas involucradas aumente conforme avancen las diligencias. El caso se ha convertido en una de las indagatorias por presunta corrupción administrativa más relevantes en la entidad durante los últimos años, debido al alcance de la estructura investigada, el monto estimado del daño económico y la participación de exfuncionarios de distintos niveles de gobierno.