Tianguistenco, Estado de México. La destrucción de armas de fuego representa una medida importante para reducir los riesgos asociados a la violencia; sin embargo, por sí sola no resuelve las causas estructurales que originan la inseguridad. Así lo afirmó Felipe Álvarez Mendoza, profesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Centro Universitario Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quien destacó la necesidad de complementar las acciones de desarme con políticas públicas enfocadas en la prevención, el desarrollo social y la investigación.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, que se conmemora cada 9 de julio, el especialista explicó que las campañas de canje y destrucción de armamento constituyen una herramienta útil para disminuir la circulación de armas y prevenir hechos delictivos. No obstante, advirtió que sus resultados serán limitados si no forman parte de una estrategia integral que atienda las condiciones sociales que favorecen la violencia.

Álvarez Mendoza señaló que factores como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades continúan siendo elementos que propician la incidencia delictiva, por lo que insistió en que la prevención debe abordarse desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria.

En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de construir entornos más seguros no recae únicamente en las instituciones encargadas de la seguridad pública, sino que requiere la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, las instituciones educativas, el sector social y la ciudadanía. Solo mediante una acción conjunta, afirmó, será posible fortalecer el tejido social y reducir las condiciones que alimentan la violencia.

El académico destacó también la importancia de que las políticas de seguridad se diseñen con base en evidencia científica y diagnósticos objetivos. Explicó que la investigación permite comprender con mayor precisión el origen de los fenómenos delictivos, evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y desarrollar acciones públicas con mayores probabilidades de éxito.

Asimismo, subrayó el papel que desempeñan las universidades en este proceso, al generar conocimiento especializado y formar profesionales capaces de analizar problemáticas complejas desde distintas disciplinas. De acuerdo con el especialista, la educación superior contribuye no solo a la generación de propuestas para enfrentar los desafíos actuales, sino también a anticipar nuevas amenazas relacionadas con la seguridad.

Entre esos retos emergentes mencionó el tráfico ilícito de armas, la delincuencia asociada al uso de nuevas tecnologías y la fabricación de armamento mediante impresión tridimensional, fenómenos que, dijo, exigen una actualización permanente de las estrategias de prevención y una preparación constante de los especialistas en seguridad ciudadana.

Álvarez Mendoza enfatizó que combatir la violencia implica ir más allá de retirar armas de circulación. Consideró indispensable fortalecer la educación, promover la cultura de la legalidad, incentivar el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad y generar oportunidades de desarrollo que disminuyan los factores de riesgo vinculados con la comisión de delitos.

Finalmente, el profesor del Centro Universitario UAEM Tianguistenco afirmó que instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México tienen una responsabilidad estratégica en la construcción de una cultura de paz, al aportar investigación, formar profesionales comprometidos con el bienestar colectivo y colaborar con las autoridades y la sociedad en el diseño de soluciones que permitan avanzar hacia comunidades más seguras y con mejores condiciones de desarrollo.