Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó este jueves al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado, al tiempo que expresó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos que operan en territorio mexicano.

El llamado llega en un momento en que la administración de Donald Trump ha exhortado a los países latinoamericanos para que acepten operaciones conjuntas dentro de sus fronteras, estrategia que Sheinbaum ha rechazado de forma sistemática bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

Maltz publicó sus declaraciones en la red social X y las acompañó de una entrevista difundida por Newsmax, en la que sostuvo que los cárteles “no son criminales” ni “cárteles de droga”, sino “terroristas muy sofisticados”.

Afirmó que han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas juntas y que, por esa razón, “tienen que ser aniquilados”.

El ex funcionario precisó que la ofensiva contra los cárteles arrancó el 20 de enero de 2025, cuando Trump declaró a esas organizaciones como terroristas y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva. Desde entonces, dijo, las agencias del gobierno de Estados Unidos están “totalmente enfocadas y comprometidas” en desmantelar la capacidad operativa de los grupos criminales.

En la misma entrevista, Maltz sostuvo que la administración Trump ha reconocido que el país enfrenta una “guerra química” con sus adversarios: “Han convertido las drogas en un arma para matar estadounidenses a niveles récord”, afirmó.

Señaló que los cárteles han utilizado las drogas sintéticas como arma no solo para matar estadounidenses, sino también para desestabilizar comunidades en todo el hemisferio occidental.

Maltz ejerció como director interino de la DEA entre enero y mayo de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump. Desde entonces ha mantenido una postura pública de presión hacia las autoridades mexicanas, a quienes ha exigido mayor firmeza frente a la corrupción institucional que, según Washington, favorece a las organizaciones criminales transnacionales.