El Congreso del Estado de México aprobó una reforma constitucional que modifica la ruta para la renovación del Poder Judicial estatal y establece que el proceso concluirá con la elección judicial de 2028, en lugar de 2027 como se había previsto originalmente. La modificación busca armonizar la Constitución mexiquense con la reforma federal en materia de elección judicial, aunque generó críticas de las bancadas opositoras, que advirtieron riesgos de concentración política sobre la impartición de justicia.

El dictamen, impulsado por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, fue avalado durante el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXII Legislatura mexiquense. Entre sus principales cambios se encuentra la incorporación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de un nuevo modelo de organización territorial para los comicios y modificaciones en el diseño de las boletas electorales.

De acuerdo con la reforma aprobada, la jornada electoral judicial se realizará el primer domingo de junio de 2028 y permitirá elegir a la persona titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México.

Los legisladores de Morena defendieron la modificación bajo el argumento de que permitirá mejorar la organización del proceso y corregir áreas de oportunidad identificadas tras los comicios judiciales de 2025. El diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo aseguró que la iniciativa representa una evolución institucional y destacó que la propuesta permitió generar acuerdos entre los tres poderes del Estado.

Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas explicó que la reforma no modifica los actuales distritos ni regiones judiciales, sino que establece mecanismos para facilitar la organización electoral, el conteo de votos y la publicación de resultados. También destacó que, por única ocasión, las personas juzgadoras electas en 2028 tendrán un periodo de ocho años, que concluirá en 2036, en lugar de nueve años como se había contemplado inicialmente.

Uno de los cambios relevantes es la creación de la Comisión Coordinadora, que tendrá entre sus funciones verificar el cumplimiento de requisitos de aspirantes, establecer metodologías de evaluación y definir criterios homologados para la selección de candidaturas. Los comités de evaluación de cada poder estarán integrados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica y deberán seleccionar perfiles con conocimientos técnicos, trayectoria profesional, honestidad y buena reputación.

El procedimiento contempla que cada comité genere listas con las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo y posteriormente, mediante insaculación pública, reduzca la lista a dos candidaturas por puesto, garantizando la paridad de género. Después, cada poder del Estado podrá postular dos personas por cargo: el Ejecutivo mediante la gubernatura, el Legislativo con aprobación de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes, y el Judicial a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Una vez integradas las listas, serán enviadas al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), encargado de organizar la elección. El órgano electoral dividirá el territorio estatal en regiones y distritos judiciales electorales, donde la ciudadanía podrá elegir una candidatura por cada especialidad jurisdiccional.

Las nuevas boletas electorales incluirán información para identificar la especialidad del cargo, el poder que postuló a cada persona candidata y si se trata de una persona juzgadora en funciones. Los electores deberán seleccionar una sola candidatura por especialidad.

La elección judicial se llevará a cabo en las mismas sedes donde se desarrollen los procesos electorales federales o locales de ese año. Sin embargo, las autoridades electorales deberán garantizar que los partidos políticos no intervengan mediante representantes durante la jornada. El conteo de votos se realizará en las propias casillas donde fueron depositados.

El IEEM será responsable de realizar los cómputos, publicar los resultados, entregar constancias de mayoría y declarar la validez de la elección. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Estado de México resolverá las posibles impugnaciones antes del 5 de septiembre de 2028, fecha en la que las personas electas rendirán protesta ante la Legislatura.

La reforma también establece nuevas reglas para cubrir vacantes judiciales. En caso de fallecimiento, renuncia, destitución o ausencia definitiva de una persona juzgadora, el Órgano de Administración Judicial declarará la vacante y el puesto deberá renovarse en la elección judicial inmediata siguiente.

Asimismo, las personas juzgadoras que busquen contender por un cargo distinto al que actualmente desempeñan deberán renunciar de manera expresa e irrevocable antes de registrarse, con el objetivo de que la plaza que dejan libre pueda incorporarse al proceso electoral.

Otro de los puntos centrales del dictamen es la ampliación de facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, que además de sus funciones sancionadoras podrá participar en tareas de capacitación y actualización permanente, en coordinación con instituciones de formación judicial.

Este aspecto generó cuestionamientos de la oposición. La diputada Leticia Mejía García, del PRI, afirmó que la reforma incrementa el control político sobre quienes aspiran a impartir justicia y criticó la creación de una comisión que, desde su perspectiva, funcionará como un filtro adicional y centralizado.

Desde el PAN, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio señaló que la modificación representa “una reforma de la reforma” y acusó que existe una intención de concentrar el control sobre uno de los principales contrapesos del Estado mexicano. También manifestó preocupación por las facultades otorgadas al Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que podrían convertirse en mecanismos de presión para las personas juzgadoras.

En tanto, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, planteó reservas para fortalecer constitucionalmente la Sala de Asuntos Indígenas, establecer mecanismos de revisión para descartar posibles vínculos de aspirantes con grupos criminales y otorgar a la Escuela Judicial la responsabilidad exclusiva de capacitación y actualización. Sus propuestas, sin embargo, no fueron admitidas a discusión.

La reforma aún deberá superar un último trámite: la aprobación de la mayoría de los 125 ayuntamientos del Estado de México, debido a que se trata de modificaciones constitucionales. Mientras esto ocurre, las disposiciones aprobadas entrarán en vigor conforme a los artículos transitorios, que también establecen que las personas juzgadoras cuyo periodo concluía en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028.