El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura del Estado de México expresó su rechazo a las modificaciones propuestas al proceso de elección de personas juzgadoras, al considerar que la iniciativa no atiende los problemas estructurales del sistema de justicia y, por el contrario, mantiene mecanismos que podrían comprometer la independencia del Poder Judicial.

Durante la discusión del dictamen, la diputada priista Lety Mejía sostuvo que la reforma representa un ajuste de carácter administrativo y de calendario, pero deja intacto el aspecto que, desde la perspectiva de su bancada, constituye el principal riesgo para el sistema judicial: la creciente politización en la selección de juezas y jueces.

La legisladora señaló que el aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028 no resuelve las preocupaciones de fondo relacionadas con la autonomía del Poder Judicial, ya que el cambio de fechas no modifica las reglas mediante las cuales se integrarán las listas de aspirantes ni elimina la influencia de actores políticos en el proceso de nominación.

“La propuesta no corrige lo esencial; la verdadera enfermedad sigue siendo la politización del proceso de nominación. Mientras el poder político conserve la llave que abre la puerta del Poder Judicial, no podremos hablar de independencia. Mientras haya filtros que buscan afinidad política antes que méritos y experiencia, no habrá garantía de justicia para las y los mexiquenses”, afirmó Mejía durante su intervención en tribuna.

La diputada argumentó que uno de los aspectos que más preocupan al Grupo Parlamentario del PRI es la creación de una Comisión Coordinadora, órgano que, de acuerdo con el dictamen, tendría facultades relevantes en el proceso de selección. A juicio de la legisladora, esta instancia no fortalecería la transparencia ni la imparcialidad, sino que concentraría atribuciones para vetar, seleccionar y favorecer determinados perfiles.

En ese sentido, advirtió que la conformación de dicha comisión podría traducirse en una mayor intervención política dentro de la integración del Poder Judicial, debilitando el principio de separación de poderes y afectando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

“La creación de este nuevo mecanismo lejos de representar un avance institucional, abre la puerta para que continúen privilegiándose perfiles cercanos al poder, en lugar de garantizar procesos plenamente objetivos y transparentes”, sostuvo.

Durante el debate legislativo, Mejía insistió en que cualquier reforma al sistema judicial debe priorizar el fortalecimiento institucional antes que los cambios de carácter electoral. En su opinión, la selección de personas juzgadoras debe sustentarse en criterios estrictamente profesionales, privilegiando el mérito, la capacidad, la experiencia y la probidad de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial.

La legisladora también hizo un llamado para recuperar el papel de la Escuela Judicial como principal instancia de formación, capacitación y evaluación de quienes buscan desempeñarse como juzgadoras y juzgadores, al considerar que este modelo garantiza mejores condiciones para construir un sistema de justicia sólido e independiente.

“Hoy levantamos la voz para exigir que se corrija de fondo la Reforma Judicial, para pedir que la Escuela Judicial recupere su papel formador y para exigir que la justicia sea verdaderamente pronta y expedita”, expresó.

Asimismo, subrayó que la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y que cualquier modificación legal debe orientarse a fortalecer ese principio, evitando mecanismos que puedan generar subordinación o dependencia respecto del poder político.

“Compañeras y compañeros: defender la independencia judicial es defender nuestra democracia, y defender nuestra democracia es garantizar las libertades de las y los mexiquenses”, añadió.

El posicionamiento del PRI se dio en el marco de la discusión del dictamen que plantea modificaciones al proceso de elección de personas juzgadoras en el Estado de México. Aunque la iniciativa contempla ajustes en la organización del proceso y el diferimiento de la jornada electoral para 2028, la bancada priista sostuvo que dichos cambios no responden a las demandas ciudadanas en materia de acceso efectivo a la justicia.

Para las y los legisladores del PRI, una reforma judicial efectiva debe garantizar que quienes integren el Poder Judicial lleguen a sus cargos mediante procedimientos imparciales y sustentados en criterios técnicos, sin que existan incentivos o mecanismos que favorezcan intereses políticos.