La presidenta de la Cámara de Diputados lanzó un severo llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que explique de manera pública y transparente las circunstancias que rodean el retiro de su visa estadounidense y el contenido de los audios que ella misma reconoció como auténticos. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, sostuvo que el caso dejó de ser un asunto estrictamente personal para convertirse en un tema de interés nacional, al advertir que las conversaciones reveladas generan dudas sobre un posible uso de información relacionada con las mesas de seguridad dentro de gestiones privadas ante autoridades de Estados Unidos. En ese contexto, afirmó que la confianza ciudadana sólo puede recuperarse con respuestas claras y con un ejercicio del servicio público basado en la ética, la probidad y la rendición de cuentas.

La legisladora planteó cinco interrogantes que, aseguró, la mandataria estatal debe responder: con quién sostuvo las conversaciones difundidas, si buscaba únicamente recuperar su visa o conocer la existencia de alguna investigación en su contra, cuál fue la causa del retiro del documento migratorio, si enfrenta algún expediente o requerimiento por parte de autoridades estadounidenses y si el Gobierno de México conocía esas gestiones. También cuestionó la contratación de un abogado especializado en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero, al considerar indispensable esclarecer quién cubre sus honorarios y si únicamente se utilizaron recursos privados. Aunque evitó adelantar conclusiones o pedir directamente su separación del cargo, advirtió que cuando un asunto personal puede mezclarse con información estratégica de seguridad pública surge un posible conflicto de interés que obliga a transparentar los hechos. Asimismo, sostuvo que la permanencia de la gobernadora será una decisión política y legislativa, pero insistió en que la principal exigencia es ética: responder a la ciudadanía, disipar las dudas y evitar que la opacidad siga alimentando la especulación sobre un caso que, dijo, compromete la credibilidad de las instituciones y la seguridad de Baja California.