La regulación del acceso de niñas, niños y adolescentes a las nuevas tecnologías será uno de los temas que deberá ocupar un lugar prioritario en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien sostuvo que el propósito de cualquier legislación en la materia debe ser proteger a las nuevas generaciones sin limitar sus oportunidades de desarrollo.

En declaraciones ofrecidas antes del inicio de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la legisladora destacó que el crecimiento acelerado de las plataformas digitales, la inteligencia artificial y el acceso cada vez más amplio a herramientas tecnológicas obliga al Poder Legislativo a construir un marco jurídico que garantice la seguridad de los menores de edad y, al mismo tiempo, les permita aprovechar los beneficios de la innovación.

López Rabadán señaló que la discusión no puede seguir posponiéndose, debido a que la transformación digital plantea nuevos retos para las familias, las instituciones educativas y las autoridades encargadas de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.

«Es una alta responsabilidad para que, a través de la ley, las niñas, niños y los adolescentes puedan estar protegidos en medio de esta información, de esta inteligencia artificial, de este acceso a la tecnología. Es importante que esta regulación habilite a los padres y a los propios niños y adolescentes para tener un mejor futuro», expresó la diputada.

La presidenta de la Cámara de Diputados recordó que actualmente existen diversas iniciativas presentadas por legisladores de prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Aunque las propuestas tienen distintos enfoques y alcances, indicó que todas comparten una preocupación central: establecer mecanismos que permitan proteger a los menores frente a los riesgos asociados con el entorno digital.

En ese contexto, explicó que el debate legislativo deberá analizar las distintas alternativas para construir una regulación equilibrada, tomando como referencia las experiencias internacionales de países que ya han comenzado a legislar sobre el uso de tecnologías digitales, redes sociales e inteligencia artificial por parte de menores de edad.

La legisladora sostuvo que el objetivo principal no debe centrarse en prohibiciones generalizadas, sino en generar herramientas que fortalezcan la participación de los padres de familia y promuevan un uso responsable de la tecnología.

A su juicio, una regulación eficaz debe ofrecer mecanismos que permitan acompañar a niñas, niños y adolescentes en el aprovechamiento seguro de las nuevas plataformas digitales, sin impedir el acceso a herramientas que representan oportunidades para la educación, la comunicación y el desarrollo profesional en el futuro.

«Hay iniciativas presentadas, incluso de todos los grupos parlamentarios. Hay unas muy amplias, hay unas más específicas, pero todas tienen la misma preocupación», señaló al referirse al consenso que existe en torno a la necesidad de atender este fenómeno.

Además del tema tecnológico, López Rabadán abordó otros asuntos de la agenda nacional. Entre ellos, reiteró su postura respecto al caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como un «preso político».

La legisladora argumentó que el exmandatario no cuenta con las capacidades operativas ni con el poder institucional para haber encabezado una red relacionada con el denominado «huachicol fiscal», por lo que consideró que su detención responde a motivaciones políticas.

Según explicó, la operación de este tipo de esquemas ilícitos requiere la participación coordinada de diversas autoridades de distintos órdenes de gobierno.

«Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice. Para que el huachicol fiscal se haga realidad, requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales», afirmó.

Finalmente, durante la entrevista, la diputada también fue cuestionada sobre las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente ante la próxima revisión del acuerdo comercial.

López Rabadán consideró que el proceso representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país y generar mayores condiciones de prosperidad para los mexicanos, aunque advirtió que un resultado adverso tendría consecuencias importantes para la economía nacional.

En ese sentido, señaló que México debe reforzar el Estado de derecho y combatir de manera efectiva la inseguridad como elementos indispensables para consolidarse como un socio confiable frente a Estados Unidos y Canadá.

La legisladora enfatizó que la confianza entre los socios comerciales depende, en buena medida, de la capacidad del Estado mexicano para investigar y sancionar actos de corrupción, así como para evitar cualquier forma de protección a funcionarios vinculados con actividades ilícitas.

«Para que seamos socios confiables, para que podamos demostrar que hay estado de derecho, para que podamos estar sentados en igualdad de circunstancias en la mesa del T-MEC, lo que necesitamos es demostrar que aquí en México no se protege a ningún narcopolítico, que no se protege a ningún servidor público que haya tomado la decisión de irse del lado ilegal, y que hay estado de derecho porque se investiga, se aplica la ley y se sanciona», concluyó.