El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva comercial contra 60 de sus principales socios comerciales, entre ellos México, al imponer aranceles adicionales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al considerar que dichos países no han establecido o no aplican de manera efectiva prohibiciones para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado. La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que sostuvo que estas prácticas representan una competencia desleal para los productores estadounidenses y constituyen una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue tomada por instrucciones del presidente Donald Trump, luego de una investigación iniciada en marzo de este año, durante la cual la USTR realizó consultas con más de 45 gobiernos, celebró audiencias públicas y recibió más de tres mil 700 comentarios de empresas, especialistas y organizaciones civiles. Tras concluir el proceso, la dependencia determinó que las políticas y prácticas de 60 economías «restringen o afectan el comercio de Estados Unidos», al no impedir eficazmente el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzado dentro de sus propios mercados.

En el caso de México, Estados Unidos reconoció que existe un marco jurídico para restringir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzado; sin embargo, concluyó que su aplicación resulta insuficiente, por lo que el país fue incluido dentro del grupo que enfrentará un arancel adicional del 10 por ciento. En la misma categoría aparecen Canadá, India, Indonesia, Malasia, Reino Unido, Pakistán, Bangladesh y otras economías que, según Washington, han asumido compromisos o cuentan con mecanismos parciales, pero no los hacen cumplir plenamente. Los países que, a juicio de la administración estadounidense, carecen de prohibiciones efectivas enfrentarán un arancel de 12.5 por ciento sobre la mayoría de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

La USTR explicó que estos nuevos gravámenes sustituirán el esquema temporal de aranceles globales aplicado previamente y abarcarán la mayor parte de las importaciones provenientes de los países investigados, aunque existirán excepciones para productos estratégicos como petróleo, gas natural, fertilizantes, determinados alimentos, materias primas críticas, artículos sujetos a otros regímenes arancelarios y mercancías protegidas por disposiciones específicas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según la dependencia, el objetivo es ejercer presión sobre los gobiernos para que adopten mecanismos equivalentes a los que Estados Unidos aplica desde hace décadas para impedir el ingreso de productos elaborados mediante explotación laboral.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que «décadas de exhortos diplomáticos no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas globales de suministro» y sostuvo que las nuevas tarifas buscan corregir una práctica comercial que, además de representar una violación a los derechos humanos, genera ventajas competitivas artificiales frente a las empresas estadounidenses que cumplen con estándares laborales. La administración Trump argumenta que la medida permitirá fortalecer la producción nacional y proteger a los trabajadores estadounidenses frente a importaciones de menor costo derivadas del uso de mano de obra explotada.

La decisión podría abrir un nuevo frente de tensión comercial entre Washington y varios de sus principales socios, incluido México, cuya economía mantiene una estrecha integración con el mercado estadounidense mediante el T-MEC. Diversos analistas advierten que, aunque el gobierno estadounidense justifica la medida bajo criterios de derechos humanos y cumplimiento comercial, la imposición de nuevos aranceles podría generar controversias internacionales y eventuales mecanismos de consulta o controversia dentro del propio tratado comercial de América del Norte. Mientras tanto, la administración estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar las tarifas si los países afectados fortalecen la aplicación de sus prohibiciones contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

Con información de: United States Trade Representative