La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene bajo investigación a la organización criminal autodenominada “Los Vallarta”, una célula señalada por las autoridades como presuntamente relacionada con un grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco y que, de acuerdo con las indagatorias ministeriales, tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La reciente vinculación a proceso de Geisler “N”, identificado como un objetivo prioritario por su presunta participación en un homicidio, volvió a colocar a esta estructura criminal en el centro de las investigaciones de las autoridades mexiquenses.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía estatal, Geisler “N” es considerado un probable integrante de “Los Vallarta”, organización que es investigada por delitos de alto impacto y cuya zona de operación se concentra principalmente en los municipios de La Paz y Ecatepec, en el oriente del Estado de México. La institución sostiene que el grupo es investigado por su probable participación en homicidios, venta y distribución de narcóticos, así como extorsiones, aunque las investigaciones continúan para determinar el alcance de sus operaciones y la responsabilidad individual de sus integrantes.

La captura de Geisler “N” se suma a una serie de operativos emprendidos por la FGJEM durante los últimos meses contra esta organización. En junio pasado fueron detenidas Jazmín “N”, alias “La China”, y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, identificadas como presuntas integrantes de “Los Vallarta” y acusadas de participar en homicidios cometidos en municipios del oriente mexiquense. Las investigaciones ministeriales también ubican como uno de los principales operadores del grupo a Fernando “N”, conocido con los alias de “El F1”, “El Negro” o “Lic. Vallarta”, quien enfrenta diversos procesos penales.

La Fiscalía mexiquense ha señalado que esta célula mantiene una relación con un grupo criminal con orígenes en Jalisco, identificado por diversas investigaciones periodísticas como el CJNG. No obstante, hasta el momento la autoridad no ha informado públicamente el nivel de coordinación operativa entre ambas organizaciones ni ha precisado si «Los Vallarta» forman parte de la estructura jerárquica del cártel o funcionan como una organización local aliada.

Diversos reportes periodísticos, elaborados con base en información de la propia Fiscalía, señalan además que las investigaciones apuntan a que la organización habría participado en la distribución de drogas al interior de algunos centros penitenciarios del Estado de México. Sin embargo, esa línea de investigación no ha sido detallada oficialmente por la FGJEM mediante una resolución judicial o un informe público, por lo que continúa bajo indagatoria.

La aparición de “Los Vallarta” ocurre en un contexto en el que las autoridades estatales han reconocido la presencia de más de 30 grupos criminales con distintos niveles de operación en territorio mexiquense. Entre ellos destacan células vinculadas al CJNG y a la Familia Michoacana, organizaciones que mantienen disputas por el control de actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y otros delitos de alto impacto en distintas regiones de la entidad.

A nivel nacional, el CJNG continúa siendo considerado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y de expansión territorial. En fechas recientes, los gobiernos de México y Estados Unidos reforzaron las acciones conjuntas para desarticular su estructura financiera y operativa, mediante sanciones, congelamiento de activos y órdenes de captura contra decenas de sus presuntos integrantes y operadores.

Con las investigaciones en curso y las recientes detenciones, la Fiscalía del Estado de México busca desarticular la estructura de “Los Vallarta” y determinar el alcance real de sus operaciones, así como confirmar judicialmente los presuntos vínculos de esta célula con organizaciones criminales de alcance nacional. Hasta ahora, las autoridades reiteran que todas las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal conforme avance cada proceso.