La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es un «preso político» y acusó que en México existe un doble rasero en la aplicación de la justicia, al señalar que mientras personajes presuntamente relacionados con casos de huachicol continúan sin ser procesados, el histórico militante panista permanece recluido en un penal de máxima seguridad.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora respondió a cuestionamientos sobre el proceso judicial que enfrenta Ruffo Appel y sobre las investigaciones relacionadas con una refinería clandestina localizada en Reynosa, Tamaulipas, así como otros casos de presunto huachicol fiscal. En ese contexto, sostuvo que las autoridades han actuado con criterios distintos dependiendo de las personas involucradas, lo que, a su juicio, evidencia un trato desigual por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia.

López Rabadán afirmó que Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en la historia moderna del país y figura emblemática de la transición democrática, no debería encontrarse recluido en una prisión de alta seguridad, considerando su trayectoria política y los antecedentes que, dijo, marcaron su vida pública. Señaló que mantenerlo privado de la libertad en esas condiciones representa una muestra de persecución política y un precedente preocupante para el Estado de derecho en México.

La diputada panista contrastó ese caso con las investigaciones abiertas en torno al robo y tráfico ilegal de combustibles, al sostener que existen personas con poder político y económico que presuntamente se han beneficiado del denominado huachicol fiscal sin que hasta el momento enfrenten consecuencias legales similares. Afirmó que esa diferencia en el actuar de las autoridades fortalece la percepción de una justicia selectiva, en la que las decisiones responden más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el Partido Acción Nacional solicite una reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para conocer los elementos que sustentan la investigación contra Ruffo Appel, López Rabadán explicó que, por el momento, su responsabilidad institucional como presidenta de la Mesa Directiva le obliga a mantener una posición de respeto a las funciones que desempeña. Sin embargo, dejó claro que continuará pronunciándose públicamente para exigir que el proceso se conduzca con estricto apego a la legalidad y sin motivaciones políticas.

La legisladora sostuvo que corresponde a las autoridades demostrar plenamente cualquier acusación conforme a derecho, pero advirtió que también es indispensable garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las instituciones de justicia. En ese sentido, manifestó su preocupación por lo que calificó como un uso político de los órganos encargados de investigar y sancionar delitos.

Kenia López afirmó que México requiere instituciones sólidas y autónomas que actúen sin distinciones partidistas, particularmente en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto como el robo de combustibles, un fenómeno que durante los últimos años ha representado pérdidas millonarias para las finanzas públicas y ha sido vinculado con redes de delincuencia organizada y corrupción. Consideró que el combate al huachicol debe realizarse con imparcialidad y sin privilegiar intereses políticos o personales.

Finalmente, reiteró que continuará utilizando todos los espacios públicos a su alcance para denunciar lo que considera una injusticia en el caso de Ernesto Ruffo Appel y para exigir que las investigaciones relacionadas con el huachicol alcancen a todos los responsables, independientemente de su cargo, influencia o filiación política. «México no se merece que existan presos políticos ni una justicia aplicada con criterios distintos», sostuvo la legisladora al concluir su posicionamiento.