La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias debe servir para corregir las disposiciones ambiguas contenidas en el proyecto, garantizar plenamente la libertad de expresión y definir con claridad el alcance de la regulación, incluyendo si ésta será aplicable a las conferencias matutinas del Gobierno Federal y de las administraciones estatales.

En conferencia de prensa, previa a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora señaló que el debate en torno a estos lineamientos ha adquirido especial relevancia debido a las inquietudes expresadas por concesionarios, especialistas, periodistas y organismos del sector de las telecomunicaciones. En las últimas semanas, la propuesta elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha generado posiciones encontradas, luego de que diversos sectores advirtieran que algunos de sus conceptos podrían dar margen a interpretaciones discrecionales que afecten la libertad editorial y el ejercicio periodístico, mientras que sus promotores sostienen que el objetivo es fortalecer los derechos constitucionales de las audiencias.

En ese contexto, López Rabadán consideró indispensable que el proceso de consulta permita precisar aquellos conceptos que, a su juicio, podrían representar riesgos para las libertades informativas. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que una autoridad determine cuándo una información puede considerarse falsa o descontextualizada, revise las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias o incluso imponga sanciones derivadas del contenido difundido por los medios de comunicación.

«Entre estos criterios se encuentra la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, que revise las decisiones de las defensorías de las audiencias e incluso hasta se pretenden imponer sanciones, lo que claramente resultaría en censura», afirmó.

La diputada señaló que estas preocupaciones también han sido expresadas por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que participa en la consulta pública con el propósito de presentar observaciones técnicas al proyecto. En ese sentido, recordó que la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son principios excluyentes, sino garantías que deben coexistir dentro del marco constitucional.

Por ello, insistió en que el proceso de consulta debe utilizarse para eliminar cualquier ambigüedad que pudiera dar lugar a intervenciones indebidas sobre los contenidos informativos o las decisiones editoriales de los medios de comunicación. Asimismo, planteó que uno de los aspectos que debe quedar claramente definido es si los lineamientos también serán aplicables a las conferencias de prensa conocidas como «mañaneras», tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos estatales.

López Rabadán sostuvo además que, en un contexto nacional marcado por elevados índices de violencia e inseguridad, resulta indispensable proteger a quienes ejercen el periodismo y a los medios de comunicación que documentan, investigan y visibilizan los problemas que enfrenta la sociedad mexicana, por lo que cualquier regulación debe fortalecer, y no debilitar, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.

Durante el mismo encuentro con los medios, la presidenta de la Mesa Directiva también se refirió a las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Expresó su confianza en que la institución resolverá el caso con objetividad y transparencia, al considerar que el rector Leonardo Lomelí ha reconocido la gravedad de la situación y ha actuado para atenderla sin minimizar los hechos.

En ese sentido, hizo un llamado a esperar las conclusiones que emita la comisión técnica encargada de revisar el proceso de evaluación y confió en que la Universidad hará públicas sus determinaciones con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas.

Finalmente, destacó que miles de jóvenes que participaron de buena fe en el proceso de admisión merecen respuestas claras y decisiones debidamente sustentadas, a fin de preservar la confianza en los mecanismos de ingreso de la máxima casa de estudios del país.